Comunidades del valle del Huasco denuncian ilegalidades en el proyecto Nueva Unión

Escrito por el 10 Septiembre 2019

El conflicto entre las comunidades del valle del Huasco y la empresa Nueva Unión, nacida de la alianza entre Newmont Goldcorp y Teck, llegó el pasado seis de septiembre a la Corte de Apelaciones de Copiapó. Desde las comunidades denuncian que el proyecto minero no cumplió con informar a la población, fraccionó el plan original para no entregar Estudio de Impacto Ambiental y transgredió el convenio 169 de la OIT.

Este viernes seis de septiembre en la Corte de Apelaciones de Copiapó, se realizaron los alegatos sobre los sondajes ilegales realizados por la empresa Nueva Unión en la cuenca del Río Huasco. Actualmente el proyecto se encuentra detenido por la determinación de la Corte de Apelaciones, a la espera de que se realice la investigación contra la empresa y contra el Servicio de Evaluación Ambiental que permitió el proyecto.

Recordemos que la planificación de la empresa Nueva Unión  comenzó a ejecutar el dos de mayo, realizando una serie de sondajes y calicatas en el sector de Maitencillo, con la finalidad de estudiar el paso del concentraducto con metales pesados y agua contaminada, 24 metros bajo el cauce del Río.

En su página web, Nueva Unión, afirma que la vida útil del proyecto se estima en 38 años, con potencial de expansión. La empresa buscará producir anualmente 224 mil toneladas de cobre, 269 mil onzas de oro, y 1.700 toneladas de molibdeno, durante los primeros cinco años de vida de la mina. Además, desde las comunidades denuncian que la iniciativa también proyecta construir  un relave de más de dos mil hectáreas junto a cuatro botaderos de estériles, los cuales amenazan afectar el ecosistema glaciar y los más de 350 vestigios arqueológicos que hay en el lugar.

Es importante aclarar que hasta ahora el proyecto no ha ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), por lo que las especificaciones técnica aún no son públicas.

Entre los principales problemas expuestos por las organizaciones defensoras del valle es que el diseño de los sondajes fue fraccionado para no tener que presentar un Estudio de Impacto Ambiental y solo entregó pertinencias, saltándose así el mayor filtro que disponen las instituciones ambientales.

Nueva Unión realizó un total de 193 sondajes sin entregar un Estudio de Impacto Ambiental al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). El reglamento SEIA, artículo 3, letra i2 determina que al realizar más de 40 sondajes se debe presentar un estudio o una declaración de impacto ambiental. El número de sondajes disminuye a 20 cuando los proyectos son realizados entre las Regiones de Valparaíso y la Región de Magallanes y Antártica Chilena, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Esta situación se ha convertido en uno de los argumentos más importantes para detener el proyecto, así lo consigna la abogada representante de las comunidades del Valle del Huasco, Alejandra Donoso.

“El SEA nunca sumó la cantidad de pertenencias o si las sumó no las hizo notar, y la verdad es que son más de 190 sondajes y eso si requeriría haber sido ingresado a evaluación y de hecho a través de un Estudio de Impacto Ambiental

 

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Imagen de: Movimiento Socioambiental Valle del Huasco

Otro arista del conflicto es la participación de comunidades diaguitas entre las agrupaciones afectadas. Este hecho significaría que la empresa estaría transgrediendo el convenio 169 OIT, vigente desde el año 2009 y acuerdo internacional que consigna el deber para el Estado de Chile de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, a través de sus instituciones representativas y procedimientos apropiados.

Esto según la abogada de la ONG Defensoría Ambiental, Alejandra Donoso, es otro de los argumentos que sustentan su reclamo.

El convenio 169 es aplicable en este caso, dado que dentro del área de influencia del proyecto hay comunidades indígenas. Hay decisiones administrativas que han sido tomadas como la decisión del SEA de opinar que no hay un deber de ingreso a evaluación ambiental, son decisiones que afectan a las comunidades indígenas”.

 

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Desde las comunidades, la vocera del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco, Constanza San Juan, denuncia la forma en la que se enteraron de la realización de los sondajes, lo que ocurrió sin recibir ninguna información por parte de la empresa.

Nos enteramos gracias a la alarma que iniciaron los agricultores y canalistas del cuarto tramo, cuando supieron que el dos de mayo se pretendían ejecutar tres sondajes en el río Huasco. Esto abría paso a una de las propuestas del proyecto Nueva Unión, que es pasar un concentraducto por debajo del río Huasco, con dos cañerías asociadas con agua contaminada”.

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Es importante mencionar que la comuna del Huasco, en la región de Atacama  en los últimos años ha sido protagonista de la destrucción y contaminación industrial. Desde la minera Pascua Lama que afectó de forma irreparable los glaciares, hasta la contaminación generados por la empresa Agrosúper en Freirina. Estos son algunos de los hitos que han convertido a la región en una zona de sacrificio.

Actualmente las comunidades luchan por defender la cuenca del río Huasco y el ecosistema completo de la región, que se ve nuevamente amenazado por proyectos industriales. Entendiendo este panorama, la vocera del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco, Constanza San Juan, critica el trabajo de las instituciones del Estado.

“Una pésima forma en la que han actuado, irresponsable y negligente por decir lo mínimo. Se sabe que este proyecto cuenta con todo el apoyo del Ministro Procurica y del Estado. Es uno de los proyectos mineros que más se nombra como estrella, por lo tanto sabemos que hay mucha presión y creemos que los servicios lo han recibido. La DGA (Dirección General de Aguas), no dio el permiso sectorial y finalmente termina concluyendo que hay posibilidad de afectación un mes después de que la obra se estaba haciendo, o sea el nivel de irregularidad, el nivel de irresponsabilidad es gigante“.

 

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Luego de los alegatos presentados el viernes seis de septiembre, la Corte de Apelaciones de Copiapó debe emitir un veredicto. Las comunidades esperan que la sentencia de por terminado el proyecto de Nueva Unión.

Por otra parte, el importante daño ecosistémico y social sufrido por la Región de Atacama y en especifico el daño industrial que ha recibido la provincia del Huasco  lleva al cuestionamiento: ¿Hasta cuándo la prioridad del Estado van a ser las grandes industrias?

 

 

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