Comunidad mapuche firma acuerdo para la protección del Parque Nacional Villarrica

La firma de este convenio es el resultado de un proceso que comenzó en 2017, cuando las comunidades mapuche decidieron ingresar al Parque Nacional Villarrica para exigir sus derechos territoriales. En los años siguientes, a través de un proceso de diálogo con la administración del Parque Nacional, se logró conformar una Mesa de Trabajo en 2022 que reunió a las comunidades de Kurarewe, el Ministerio de Bienes Nacionales y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para establecer un modelo de gestión compartida del territorio. 

Un gran avance para la participación de las comunidades mapuches en la gestión del Parque Nacional Villarrica se concretó durante esta semana con la firma del convenio entre la comunidad Winkul Mapu, Conaf y Bienes Nacionales. Esta acción viene a marcar un precedente al ser el primer organismo de este tipo en Chile, donde las comunidades mapuche podrán participar activamente en la toma de decisiones sobre la gestión y conservación del Parque Nacional Villarrica, pues construye un espacio formal de colaboración vinculante entre las comunidades mapuche de Kurarewe y las instituciones del Estado para el resguardo y cuidado de la naturaleza.

Para Simón Crisóstomo Loncopan, presidente de la Asociación de Comunidades Mapuches Winkul Mapu, esta firma es un hito para la comunidad, ya que es el resultado de años de trabajo, esfuerzo y colaboración. «Este hito es el resultado del trabajo de años de fortalecimiento y alianza entre comunidades mapuche del territorio de Curarrehue que nos unimos en un momento para hacer frente a los proyectos extractivistas, sobre todo hidroeléctricos y mineros. La Asociación Winkul Mapu es el resultado de esta alianza y este trabajo”.

Eli López, Vicepresidenta de la Asociación Winkul Mapu, reflexiona sobre lo que les convoca como organización; el cuidado y la protección de la naturaleza. «Este acuerdo se firma para la protección y recuperación del Parque Nacional Villarrica, el sentido de todo esto, es eso, proteger nuestro bosque. Como dicen nuestros ancestros y ancestras, este es un territorio que nos dio pan, nos da el agua, gracias a él nosotros vivimos, por lo tanto, tenemos que seguir cuidando lo que todavía queda».

Este convenio representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos territoriales del Pueblo Mapuche y en la creación de un modelo de gobernanza intercultural para la gestión de áreas protegidas silvestres. Asimismo, comenta Simón Crisóstomo, el convenio crea el Consejo de Gobernanza, figura que garantiza una participación directa y efectiva de las comunidades, siendo este resolutivo, consultivo y vinculante.

«El Consejo de Gobernanza es un mecanismo de participación efectiva de los pueblos indígenas y comunidades mapuches dentro de la toma de decisiones del Parque Nacional de Villarrica en su gestión. Está formado por dos partes, una que tiene que ver con la Asociación de Comunidades Mapuches Winkul Mapu, y por otra parte, los servicios públicos, en este caso, CONAF. Este consejo es resolutivo, consultivo y vinculante en toda acción que se haga dentro del parque, no solo en el manejo, también en la gestión».

Cabe mencionar que, si bien el Convenio se firmará con CONAF, hoy a cargo de las Áreas Protegidas, dentro del Convenio y Reglamento, se explicita que, una vez que la Ley de Biodiversidad, aprobada en Chile en septiembre de 2023, entre en total funcionamiento, el rol de la CONAF pasará a ocuparlo el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas a cargo del Ministerio de Medio Ambiente. Todo esto camina hacia actualizar la institucionalidad acorde a la legislación nacional vigente y los convenios internacionales ratificados por el Estado de Chile que reconocen la participación y acceso al territorio de los pueblos indígenas como titulares de derecho.

Contexto y relevancia

El Parque Nacional Villarrica fue creado en 1940 y actualmente es uno de los más emblemáticos debido a su biodiversidad, sus paisajes volcánicos y su relevancia en la cultura mapuche. Sin embargo, al instaurarse bajo un modelo de conservación que excluye completamente a las comunidades, restringe el acceso, modificando las prácticas y usos tradicionales del territorio por parte de las comunidades mapuche aledañas que han cohabitado con estos espacios por decenas de generaciones.

A su vez, Kurarewe, como territorio, cuenta con el 60% de su superficie bajo alguna categoría de área protegida, reserva o parque nacional. Toda esa superficie está en superposición con territorios o lof mapuche. Es importante reconocer los avances sostenidos en los 2000 con la implementación de “Convenios Marco” para la gestión adecuada de la Reserva Nacional Hualalafquén, presente igualmente en la zona pewenche-winkulche; sin embargo, aquello no ha logrado asegurar la real protección y resguardo de estos espacios tan sensibles ambientalmente. Muestra de esto fueron las amenazas hidroeléctricas, la central en Añihuerraqui en el río Trancura o más recientemente amenazas mineras. Todo esto ha generado movilización de las comunidades locales en contra del extractivismo y la defensa del territorio.

En este sentido, este acuerdo logrado entre la Asociación Winkulmapu, Conaf y Bienes Nacionales sienta las bases para un modelo particular de gobernanza compartida y respetuosa que reconozca los derechos territoriales, culturales y espirituales de las comunidades mapuche, al mismo tiempo que asegura la conservación y protección de la herencia colectiva para las generaciones futuras.

Resguardo activo

A pesar de que los pueblos originarios han demostrado ser los mejores custodios de lo que resta de biodiversidad del planeta, sus derechos territoriales no son reconocidos y no poseen ni administran dichos espacios. El 85% de la biodiversidad restante del planeta está en territorios indígenas, según diversos estudios y reportes internacionales, incluidos los de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Esto se debe a que los pueblos indígenas han gestionado y conservado estas áreas durante siglos, aplicando conocimientos tradicionales que mantienen el equilibrio de los ecosistemas. A pesar de su importancia para la protección y conservación de la biodiversidad, sus aportes aún son escasamente reconocidos y apoyados, aunque hay tendencias hacia un cambio. En la acción sigue imperando el paradigma clásico de conservación de áreas protegidas deshabitadas, que se abren solo para los visitantes (turismo, ciencia y educación).

La creación de Áreas Silvestres Protegidas en Wallmapu, territorio ancestral mapuche, ha sido una de las principales causas de tensión entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche. No han existido marcos de gobernanza nacionales, implementación de convenios internacionales, participación con reconocimiento de derechos territoriales y diálogo de saberes entre la institucionalidad y los pueblos indígenas, lo cual no sólo ha generado desequilibrios territoriales significativos, sino que también agudiza la tensión política entre el Estado y el pueblo mapuche. La firma de este convenio abre un camino posible para el diálogo efectivo que se ha logrado en este territorio luego de 15 años de trabajo local buscando una metodología propia y pertinente a nivel territorial.

Al respecto, Regina Carinao, integrante de la Comunidad Manuel Quintunahuel, plantea que es un gran avance porque permite “cuidar y proteger nuestro medio ambiente y que sea cuidado por nosotros los mapuche». Es un logro que hayamos llegado a un acuerdo y hayamos podido trabajar en conjunto. Fueron muchos años de lucha y de conversa para cuidar este espacio que siempre fue de nosotros los mapuches. Nos heredaron este espacio para cuidarlo y para protegerlo, no para hacerle daño y dejarlo para nuestras futuras generaciones”.