Claudio Nash: «No tenemos una ley sobre reparación de violación a los DDHH»

[Editada] En conversación con Radio JGM, el Doctor en Derecho aseguró que a 30 años de terminada la dictadura Chile aún no cuenta con una legislación capaz de hacerse cargo del fenómeno de la tortura en un sentido integral.

El pasado 26 de junio se conmemoró una vez más el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Una fecha que se hizo oficial en 1987, cuando se creó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Acuerdo al que Chile suscribió en 2009 y que aún no ha logrado plasmar en su institucionalidad.

Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido, y en Chile se recuerdan a las 1.197 personas que desaparecieron en Chile producto de la dictadura militar. Ese día la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos realizará un encuentro virtual para recordar sus vidas, mediante la música. 

Al respecto, conversamos con el académico y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, quien reflexionó sobre la labor del Estado frente a la lucha contra la tortura y la urgencia de rechazar estos vejámenes a nivel transversal.

El escenario de los DD.HH.

Todo esto en un escenario complejo en cuanto a Derechos Humanos (DD.HH.) en nuestro país, sobre todo luego del estallido social. Según el último informe anual del Instituto Nacional de DDHH, sólo entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre de 2019 el ente presentó 476 querellas por torturas y tratos crueles.

¿Cómo evalúas la labor de la institucionalidad chilena frente a la reparación a las víctimas de tortura?

«Chile tiene un déficit fuerte en temas tanto de prevención de la tortura, como de la capacidad para responder cuando ésta se produce. Eso se demuestra en que, a más de una década de asumir el compromiso de contar con un mecanismo contra la tortura, todavía está en proceso de implementación.

Y en materia de reparaciones tenemos un problema macro en Chile, que es que no tenemos una ley sobre reparación de violación a los Derechos Humanos, como existe en Colombia o en México. En ese sentido, las reparaciones en estos casos tienen que seguir las vías normales. Es decir, sanciona a los responsables y eventualmente algún tipo de indemnización civil.

Pero una reparación integral que contemple elementos de restitución, de rehabilitación como programas médicos asociados, o de medidas de petición de perdón, medidas de satisfacción o garantías de no repetición, está lejos de darse de la manera a la cual nos hemos comprometido internacionalmente«.

¿Podrías explicar más sobre este mecanismo en proceso de implementación?

«En el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, Chile adquirió a través de un protocolo el 2009, el compromiso de diseñar un mecanismo nacional de prevención de tortura. Que es un órgano que su fin es precisamente identificar aquellos lugares y procedimiento que pueden ser una amenaza para que se produzcan casos.

Generar la legislación interna, los recursos y tener la gente que se encargue de esto es algo que se viene implementando desde el 2009. Es decir, llevamos más de una década en Chile teniendo pendiente un compromiso internacional tan importante como este en materia de Derechos Humanos«.

El carácter estructural de la tortura

¿Esta nula formación institucional en temas de DD.HH. explican en algo la aparición de tantos casos de tortura durante el estallido social?

«Me parece que la única forma de explicar la cantidad de denuncias por torturas que se dieron después del 18 de octubre es este carácter estructural que tiene la tortura en Chile.

¿A qué me refiero con esto? el fenómeno de tortura tú lo encontrabas antes del golpe de Estado de 1973. Es decir, esas prácticas eran habituales en términos de las investigaciones judiciales para que las personas confesaran.

Durante la dictadura lo que pasó es que se masificó, se aplicó además con criterios políticos, como una política de Estado para aterrorizar a la población. Es decir, hubo un «uso y abuso», si uno pudiera usar esa expresión, del tema.

El punto es que, cuando volvimos a la democracia no se radicaron las prácticas de tortura, sino que seguían dándose en ámbitos de investigación policial, de castigo y otros.

Y el 18 de octubre lo que pasó es que volvió a pasarnos igual que el ’73, que estas prácticas se masificaron, se ocuparon con la finalidad de aterrorizar a los manifestantes, de castigarlos, pero no eran prácticas que hubiesen sido erradicadas.

A mí lo que me llamó la atención fue que el INDH, en las primeras semanas, emitió una declaración en la que dice que a esa altura del estallido habían interpuesto el doble de querellas que en 2018. Ahí el escándalo debiera ser que en 2018 el INDH había presentado querellas por torturas y en este país eso no era un debate, un escándalo, no era una situación a la que culturalmente manifestáramos nuestro rechazo. Entonces había tolerancia al tema de la tortura en la medida que otros fueran torturados, en las cárceles, comisarías, etc».

¿Crees que esa mirada tiene que ver con cómo las autoridades relativizan estos actos?

«Yo creo que para entender por qué ha sido tan difícil erradicar este fenómeno hay que mirar dos elementos que facilitan esta práctica.

Por una parte, que existe una institucionalidad que no la castiga de forma severa. Sólo el 2016 recién se tipifica en Chile el delito de tortura. El término de la dictadura fue el año 1990, es decir, nos demoramos 26 años, desde eso en tener un delito específico que sancionara la tortura, o sea, medidas de prevención nulas. Y por otra parte, está el elemento cultural. Ésta es una práctica que está culturalmente aceptada.

El mejor ejemplo de esto último fue hace un tiempo atrás el caso de unos jóvenes ecuatorianos que asesinaron a una persona y que luego, estando en la cárcel, fueron grabados mientras eran torturados por otros internos ¿qué pasó con eso? cuando sale el video la propia prensa, TVN el canal público, en sus matinales abría un debate sobre si es legítimo o no torturar en estos casos. Es decir, hay un acercamiento a estos temas, que es cultural, de aceptación, de normalizar estas prácticas. Obviamente en la medida que a mí no me toque.

Si cambiáramos ese acercamiento cultural a -como debiera ser- un rechazo total, que este es un límite que nunca puede sobrepasar la autoridad, habría menos espacio para declaraciones de ese tipo. Habría una presión social mucho más fuerte para que se legislara, para que se implementen mecanismos preventivos, para que se repare a las víctimas. Pero como esto es aceptado esa presión política, social nunca se genera».

Un debate urgente

Hace poco la Corte Suprema ordenó el pago de una indemnización a 24 víctimas de violaciones a DD.HH, ¿cuánto ayuda a las víctimas un fallo como este y cómo podemos avanzar a un escenario de mayor justicia?

«Que exista una sanción a las violaciones de DD.HH., es decir, que los responsables sean sancionados es importante para la reparación de las víctimas y para la garantía de no repetición. Le importa a las víctimas y a la sociedad en su conjunto.

Este fallo no lo he leído por lo tanto no puedo referirme a él, pero como criterio general es importante que la reparación integral de las víctimas sí tenga un componente compensatorio. Es decir, una indemnización que sea proporcional al daño causado y esa proporcionalidad siempre es muy difícil de establecer y ahí es bueno estar a los montos que los organismos internacionales fijan, o que la propia corte suprema en otros casos ha fijado, para ver que no haya un trato diferenciado en esos casos respecto de otros.

Por último, como criterio macro, yo lo que echo de menos acá en Chile, es precisamente lo que partimos conversando. Acá en Chile lo que debiéramos impulsar, a partir de la experiencia de la dictadura y a partir de la experiencia de las violaciones graves de derechos humanos post el estallido social de octubre, es una ley de reparaciones en Chile que establezca quiénes son víctimas de violaciones de derechos humanos, cuáles son las medidas de reparación integrales, qué organismos deben actuar y cómo deben hacerlo. Es la única manera de responder a esto de una forma acorde a la gravedad de lo que implican casos de torturas y otras violaciones de derechos humanos.

A 30 años y más del término de la dictadura, y luego de la experiencia reciente ese es un debate urgente acá en Chile».

Escucha la entrevista aquí:

*Esta nota fue publicada originalmente el 26 de junio en el contexto día Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.