Claudia Heiss y la CC: «La única forma para que este proceso sea percibido como legítimo es que se abran a la redistribución del poder»

En conversación con Radio JGM, la académica de la Universidad de Chile analizó los desafíos que trae la Convención Constituyente. Un proceso que pondrá a prueba tanto la disposición de los partidos a redistribuir el poder, como la capacidad de la ciudadanía para hacerse parte de nuevas formas de participación en las decisiones políticas relevantes. 

Tras el amplio triunfo de la opción Apruebo el pasado 25 de octubre, se dio de manera oficial el visto bueno para redactar una nueva Constitución en Chile. Una misión que estará en manos de la Convención Constituyente, electa en su totalidad por la ciudadanía el próximo 11 de abril.

Ante este escenario, Radio JGM conversó con la periodista, politóloga y autora del libro ¿Por qué necesitamos una nueva Constitución?, Claudia Heiss, sobre la importancia de reconocer en los convencionalistas las diversas miradas de la sociedad chilena, más allá de una clase política desacreditada.

Esto, cuando las principales fuerzas partidistas ya comenzaron a trabajar en la búsqueda de quienes serán sus candidatos. Entre algunos de los nombres destacan una serie de ex autoridades, actuales subsecretarios y familiares de políticos. Aquello, en un ambiente de alto rechazo a los conglomerados tradicionales.

Para nuevas formas de participación

Pese a que la victoria de la Convención Constituyente dejó sobre la mesa el rechazo que existe de los partidos políticos, estos ya levantan nombres de ex autoridades ¿Cómo analizas la postura que toman en miras a la instancia?

El proceso indudablemente ha sido bastante controlado por los propios partidos. Fue el acuerdo del 15 de noviembre lo que inició el proceso constituyente en términos institucionales. Aun cuando eso no fue lo que lo inició en términos políticos, porque esto no salió del sistema político, sino que de la ciudadanía movilizada en el estallido de octubre.

Hay un problema de legitimidad respecto de la función de los partidos. El acuerdo original de noviembre decía que la regla electoral de la Convención iba a ser el sistema de la ley 18.700, como se eligen los diputados. Eso quedó explícito, pero siempre se entendió que había que revisarlo. O sea, desde el principio los partidos sabían que había que negociar un poco más y llegar a una forma de apertura que permitiera ampliar la participación ciudadana más allá de lo que permite la regla de esta ley.

En ese sentido, creo que es un error vilificar a los partidos y decir ‘esto tiene que ser de la gente’, porque la calle no está habilitada para gobernar ni para hacer leyes. Pero, por otro lado, los partidos son parte del problema y una de las razones del estallido. Entonces la pregunta es cómo resolver esta situación.

Desde el principio los partidos sabían que había que negociar un poco más y llegar a una forma de apertura que permitiera ampliar la participación ciudadana más allá de lo que permite la regla de esta ley.

En cualquier sociedad compleja se necesitan instancias mediadoras, el problema es que esas instancias políticas que tenemos -que son los partidos- no están cumpliendo su rol. Y esto no hoy, sino que hace al menos una década.

¿Significa eso que hay que eliminar a los partidos políticos? Creo que no, porque no conocemos otra forma de hacer esa función. Ahora, los sistemas de mediación a través de partidos están haciendo crisis en muchos lugares del mundo. Entonces el problema tiene un componente de época, que son desafíos a la representación política y la idea aprendida que no ha dado el ancho. Que es entender la representación básicamente como la exclusión de la ciudadanía. Estos representados no quieren ser marginados de la decisión política por sus representantes. Quieren tener voz y rendición de cuentas de estos últimos más allá de la próxima elección.

Entonces, para terminar con el problema en el que estamos, creo que hay que reconstruir el barco en altamar, como decía Jon Elster sobre algunos procesos constituyentes, y con una institucionalidad que es parte del problema. Y para volver a cómo está diseñado el proceso, las reglas del juego las pusieron los partidos en lo esencial. Pero también es cierto que, desde el principio, reconocieron que eso era insuficiente y prometieron, al menos en tres áreas, abrir la representatividad a las mujeres, los pueblos indígenas y los independientes».

Una invitación a redistribuir el poder político

¿Crees que es importante que la mayoría de los miembros tenga calidad de independiente? Esto con el fin de plasmar las demandas ciudadanas en la convención.

Yo entiendo el rechazo que hay hacia los partidos políticos, pero creo que sería incorrecto tratar de establecer una regla que diga que, por ejemplo, todos los integrantes de la convención tiene que ser de la sociedad civil. Lo que sería bueno es que la Convención Constitucional logre tender puentes entre estos dos mundos.

Por ejemplo, a través de listas que combinen representantes de los partidos con independientes y, sobre todo, a través de  la participación de organismos de la sociedad civil que representen algo. Que propongan una idea de constitución, un programa.

Lo que sería bueno es que la Convención Constitucional logre tender puentes entre estos dos mundos.

Creo que esta crítica a los partidos y la demanda porque sean solo independientes quienes hagan la constitución -que creo es un sentimiento mayoritario en la ciudadanía- viene también de una concepción anti política. Muy despolitizada y acorde con lo que quiso el proyecto de la dictadura hacer, que era reducir al mínimo el rol de los partidos y amplificar el rol de los intereses gremiales. Que es la concepción UDI de la mediación política.

Creo que eso es muy problemático para la democracia y que, lamentablemente, es una forma de entender el concepto de decisión política que ha calado bastante hondo en la ciudadanía. O sea, creo que tenemos un proceso de sociología política bastante neoliberal.

Ahora, eso no significa que esté defendiendo a los partidos como son y han funcionado. Porque estoy de acuerdo en que han funcionado mucho más como máquinas de poder, que como instituciones canalizadoras de demandas sociales».

A propósito de esta forma neoliberal de mirar la política en Chile ¿Qué oportunidades observas en el proceso a la hora de tender estos puentes entre partidos y sociedad?

La gente está enojada con el sistema político porque ha bloqueado los cambios. Eso en parte es responsabilidad de las instituciones que estamos hoy día derribando. Es responsabilidad también de la Constitución del 80′ con el quórum supra mayoritario, el rol del Tribunal Constitucional, de las leyes orgánicas constitucionales.

En ese sentido, la única salida que puede garantizar estabilidad y, también, representatividad de las distintas visiones que existen en la sociedad es una que sea política. Entonces, la única forma para que este proceso sea percibido como legítimo es que se abran a la redistribución del poder.

Nadie quiere soltar ese poder y creo que es bastante humano. No se puede culpar a los partidos de no querer soltarlo, así como no se puede culpar a las personas más beneficiadas por el modelo económico el no querer ceder sus beneficios. Nadie redistribuye por conciencia moral o por buena onda, pero creo que la presión social luego del estallido y el resultado del plebiscito son una señal suficiente para los partidos de que, si no redistribuyen poder, ellos mismos saldrán perjudicados.

La gente está enojada con el sistema político porque ha bloqueado los cambios (…) la única forma para que este proceso sea percibido como legítimo es que se abran a la redistribución del poder.

La misma razón que hizo que la Unión Demócrata Independiente se sentara a firmar un acuerdo donde aceptaba el cambio constitucional es lo que debiera llevar a los partidos a ceder poder y espacio a la sociedad civil. La UDI no quería cambiar la constitución de Jaime Guzmán, a ellos les gusta. Pero se sentó en el acuerdo del 15 de noviembre porque entendió que las otras alternativas eran peores. Entonces, en un cálculo de auto preservación, el propio sistema político debiera ver hoy que necesita legitimarse ante todo.

En ese sentido, hay incentivos reales para que los partidos no lleven a sus candidatos, y candidatas, de siempre y se abran a rostros nuevos, a personas de la sociedad civil que sean afines a sus ideas. Ya la paridad de género, el tema de los escaños reservados y la demanda por integrar a miembros de la sociedad civil es una presión muy grande para que los partidos se abran a estos nuevos actores políticos.

Ahora, cuando estos mismos sean electos van a pasar a ser representantes y no dirigentes sociales, representantes para hacer la constitución. Entonces, quizás también hay una aspiración un poco irreal de la ciudadanía de que la gente no se «contamine» con la política, cuando estamos hablando de un proceso inherentemente político. Hacer una constitución es una negociación política y se va a tener que negociar.

El voto no será suficiente

En ese proceso de redistribuir el poder en la Convención Constituyente, ¿Cómo debe actuar la ciudadanía, cuáles deben ser los mecanismos para salir de la participación única del voto?

Evidentemente la movilización social no va a desaparecer, ni con el plebiscito ni con la constitución de la nueva convención. O sea, cuando empiece a sesionar la convención la movilización probablemente va a seguir y quienes han empujado ciertos temas en la agenda estarán vigilando.

Por ejemplo, las personas que viven en sectores con escasez hídrica que se han organizado para defender el derecho al agua. Ellos estarán vigilantes sobre lo que dirá la convención al respecto, no se van a ir a sus casas. Eso va a enriquecer el proceso constituyente y va a hacer que sea mucho más legítimo, participativo y representativo de las distintas organizaciones.

Pero eso también va a depender de qué tan abierta sea la Convención Constitucional a escuchar estas voces que están fuera. Por eso es muy importante la forma en que el reglamento de ésta establezca la participación ciudadana, que no está regulada por la reforma de diciembre ni por la de marzo. Eso lo va a poder regular la propia convención con su reglamento interno.

Ahí por supuesto que hay miradas distintas. Hay gente que quiere que sea más secreta o que esté más aislada de la presión social, y hay gente que la quiere más abierta y permeable a la movilización social y las demandas ciudadanas.

Esa pelea también va a depender de la correlación de fuerzas de los convencionales. O sea, cuántas personas de las mismas posiciones sean electas para la convención. Cómo estará compuesto ese órgano de 155 personas, más escaños reservados.

Todavía está por verse cómo se va a dar esa participación ciudadana. Pero no me cabe duda que si no hay una forma incidente de influencia en la convención y, simplemente, queda entregada a esta representatividad de los convencionales no va a ser suficiente para las demandas actuales de participación y deliberación pública. Es muy importante que el proceso constituyente sea de deliberación nacional y no de deliberación solo al interior de esa asamblea. Que la gente sepa qué se está discutiendo, cuáles son los argumentos de uno y otro lado, que pueda opinar y ser escuchada de manera incidente por la convención.

Escucha la entrevista completa aquí: