Cierran radio comunitaria en Aysén con más de 30 años en el dial

Por Javiera Barría G.

La 94.1 dejó de sonar para los pobladores de Villa O´Higgins, tras el cierre de una de las radios más antiguas del sur del país. La radio Madre de la Divina Providencia, más conocida como Madipro, tuvo que poner fin a su transmisión por no contar con licencia, cuyo acto es penalizado por el artículo 36 b, letra a, de la Ley General de Telecomunicaciones, desde 1994.

A pesar de estar más de 30 años al aire y la búsqueda incesante de sus radialistas por obtener la concesión, los permisos no fueron otorgados.  Sumado a ello, el alcalde de la comuna, Roberto Recabal, instaló el año 2013 una emisora municipal iniciando una competencia con Madipro.  

Andrea Rosas, pobladora y locutora de la radio, cuenta que es un golpe fuerte para la comunidad  y que están todavía asimilando lo sucedido, pues la pérdida es grande ya que son un pequeño poblado que tiene poca conexión con el resto del territorio nacional, y la radio era un espacio que mantenía la comunicación.  

La historia de Madipro se remonta al año 1983 cuando el padre Antonio Ronchi fundó la radio en conjunto a otras iniciativas comunitarias en la región, como diarios y escuelas. Hoy,  los colaboradores reconocen su legado y el de muchos otros vecinos que contribuyeron al funcionamiento de la radio.

La comunicadora  acusa a que la ley aplicada es un resabio antidemocrático de los inicios de la transición, el cual diferentes gobiernos se han comprometido a derogar.

Desde enero que el proyecto de despenalización de radios sin licencia no tiene avance en el Senado, después de que en septiembre se aprobara, en general, la idea de legislar y se presentaran indicaciones de los senadores Alejandro Navarro y Guido Girardi.

A pesar de que no se realizó la incautación de equipos, la emisora decidió silenciar la señal en espera de la decisión del tribunal, que se dará a conocer el 28 de marzo, cuando se formalice a la directora responsable, Yaline Riveros Sáez, quien arriesga hasta 5 años de cárcel, junto con la multa y el decomiso de equipos.