CHILOÉ REGIÓN AUTÓNOMA, EN UN ESTADO DE AUTONOMÍAS REGIONALES

Hoy en Chile, todo lo importante en términos políticos, económicos y legislativos se decide en Santiago o en el Congreso. Las regiones y las comunas tienen un casi nulo poder político y decisional en materias tan importantes como las prioridades en salud, el currículum en educación, las inversiones en conectividad, la gestión hídrica y ecosistémica, la articulación público-privada para la creación de empleo, la definición de una “vocación territorial”, en fin, todo se decide en Santiago o el Congreso y se aplica a tabla rasa sobre las actuales 16 regiones del país. Ese es el escenario constituido. Una institucionalidad añeja, en extremo centralista, que está “haciendo agua” por todas partes.

Por Eduardo Mondaca M*

No obstante, al fin estamos en un escenario constituyente que debe, justamente, “constituir” una nueva institucionalidad y organización multinivel para la redistribución del poder político territorial en el país. Es, además, el propósito y responsabilidad de una comisión específica de la convención. ¿Seguiremos teniendo 16 regiones, se reconocerán otras, o nos organizaremos por macrorregiones? ¿Cuáles serán las atribuciones políticas, económicas y legislativas de estas unidades territoriales? ¿Seguiremos siendo un estado unitario centralista, o transitaremos hacia un Estado de Autonomías Regionales? O, es más ¿transitaremos hacia un Estado Federal? Todas estas preguntas deberán ser respondidas por la Comisión de forma de Estado y Descentralización en la Convención y votadas en el pleno. Y evidentemente, desde los territorios insulares e históricamente postergados por dicho centralismo, tenemos mucho que decir en este debate.

Hacia un Estado de Autonomías Regionales, colaborativo y solidario

Desde el Movimiento Archipiélago Soberano consideramos que es tiempo de transitar hacia un Estado de Autonomías Regionales. Es decir, regiones cuyos órganos de gobierno realmente detenten las competencias para aquello, y dejen de ser meras administraciones o sucursales de un poder central. En efecto, regiones con autonomía política, para la definición de políticas públicas desde el propio territorio; autonomía legislativa, para complementar o afinar territorialmente leyes generales o crear leyes regionales en las materias que la constitución lo permita; autonomía competencial, que entrega atribuciones y competencias específicas a cada nivel de gobierno territorial; y autonomía económica, establecida por un pacto fiscal que establezca y garantice los ingresos propios (tributos) y la decisión de gasto (autonomía) en cada nivel territorial: nacional, regional y comunal, manteniendo un sistema colaborativo y solidario entre los tres niveles. Aquí cabe indicar que la potestad autonómica sobre diferentes materias, tanto del ámbito comunal, regional y nacional, deberán ser definidas y explicitadas de manera muy precisa en la constitución.

Creación de una nueva institucionalidad para las Autonomías Regionales.

Evidentemente, el establecimiento de estas autonomías regionales implica la necesaria creación de una nueva institucionalidad. Por ejemplo, consideramos que sería imprescindible la constitución de Consejos Regionales Legislativos o, en otras palabras, pequeños parlamentos regionales. Y es que si queremos avanzar hacia autonomías políticas regionales sustantivas, reales, debemos transitar hacia la creación de parlamentos regionales. De otra manera volveremos a caer en el error histórico de la descentralización o autonomía sin competencias concretas y útiles. Sabemos que esto asusta un poco, principalmente en términos del gasto. No obstante, la creación de consejos legislativos regionales tiene relación con el fortalecimiento de la democracia y la profundización de la soberanía.

Generar las condiciones para que de una vez por todas los territorios tengan el derecho soberano a decidir, por su presente y futuro en diferentes materias. Ahora bien, si consideramos algunos datos concretos, podemos constatar que en Chile, respecto a la totalidad de integrantes del congreso, existe 1 representante legislativo por cada 96.500 habitantes. El promedio mundial, considerando 139 democracias, es de 1 representante por cada 85 mil habitantes. Por lo que Chile no llega siquiera a ese promedio.

En otras palabras, un legislador hoy en Chile representa a una mayor población que el promedio mundial, por lo que cuando se argumenta que Chile tiene un exceso de legisladores, al menos desde el punto de vista comparativo aquello no es cierto. A nuestro parecer, es una función mal distribuida, concentrada, centralizada, sobre la cual hay importantes e históricas oportunidades de redistribución. Por ejemplo, un parlamento unicameral que trabaje de la mano y coordinadamente con consejos legislativos regionales.

La subsidiariedad territorial o competencial, en materia legislativa en este caso, se volvería una realidad. Se legislaría desde abajo hacia arriba, desde lo local a lo (pluri)nacional, volviendo más pertinente, más situado, lo legislado. Es decir, redistribuyendo a lo largo del país el poder político legislativo. Hay muchos y buenos ejemplos, en política comparada, de constituciones que definen de manera clara las potestades legislativas de lo regional y de lo nacional. La constitución italiana, por ejemplo.

Chiloé Región Autónoma, en un Estado de Autonomías Regionales

Una región no se debería definir solo por tamaños equivalentes, una región es una comunidad que se distingue por su homogeneidad cultural, histórica, geográfica y económica o una combinación de estos elementos, que lleva a su población a perseguir objetivos e intereses más o menos comunes.

En efecto, una región es una forma autónoma de comunidad política, caracterizada no sólo por su casualidad geográfica, sino por una historia vivida en común, una cierta homogeneidad cultural. En otras palabras, cuando hablamos de región debemos pensar en una unión que vaya más allá de meros elementos geográficos o administrativos; se debe apuntar a una configuración de carácter cultural, histórica y política.

Si nos damos cuenta, este sería un criterio no arbitrario de regionalización. No sería una regionalización desde arriba, impuesta, sino más bien de reconocer los contornos, los deslindes, de las diferentes comunidades político territoriales existentes al interior de las paredes del Estado. Cuando ese es el criterio principal, es esperable, es saludable –en términos democráticos- que existan regiones más pequeñas que otras. Y aquí saco a colación nuevamente a la regionalización autonómica italiana. Un país, Italia, que posee 301.000 km², mientras que Chile posee más del doble -756.000 km²-.

Pues bien, en ese país, de menos de la mitad del tamaño de Chile, la división político-administrativa se da a través de 20 regiones autonómicas, donde la más poblada (Lombardía, con su capital Milán) sobrepasa los 10 millones de habitantes (más que la Región Metropolitana, con poco más de 7 millones) y la menos poblada, la de Valle de Aosta, posee 128.000 habitantes, menos –incluso- que la población actual de Chiloé (170.000 habitantes).

Es decir, en dicha división político-administrativa el criterio principal es el respeto, reconocimiento y entrega de herramientas autonómicas a las diferentes “comunidades político-territoriales”. Una máxima que consideramos necesaria de aplicar en Chile y por lo cual Chiloé debe ser reconocido como región autónoma.

Las voces críticas indicarán, sabemos, que solo las macrorregiones se podrían auto sustentar en términos económicos, como si no hubiera una infinidad de mecanismos para asegurar los equilibrios entre gastos e ingresos regionales. O indicarán que la división debe ser por criterios exclusivamente ecosistémicos, con lo cual reproducen –quizás desde la buena fe- un patrón que despoja a la naturaleza de sus habitantes y pueblos, imponiendo una división sin el reconocimiento de las “comunidades político-territoriales”.

Para ambas críticas hay, nuevamente, muchas experiencias a nivel mundial donde se aseguran los equilibrios y la colaboración en un marco de regionalismo asimétrico. No hay que olvidar que las regiones siguen siendo parte de un todo estatal. No estarían aisladas. En ese sentido, insistimos, lo fundamental es el reconocimiento de las comunidades político-territoriales, dotarlas de autonomía y asegurar la colaboración y coordinación entre las mismas a través de ciertos instrumentos. Por ejemplo, es común que en estados federales o estados regionales autonómicos, sobre las regiones se fijen “macro-zonas”, donde consejos de coordinación y colaboración regional  aseguran los equilibrios económicos o la gestión ecosistémica, entre otras materias.

En definitiva, en este nuevo marco de autonomías regionales, Chiloé, un complejo territorio y maritorio insular con cerca de 40 islas habitadas en más de 9.000 km², debe ser una región autónoma. Y lo debe ser porque constituye una “comunidad político-territorial” evidente, específica, con la necesidad histórica y justa de tener las herramientas políticas para delinear su memoria, presente y futuro de manera autonómica, en colaboración y coordinación con las demás regiones. Pero, ¿cuál sería el mecanismo para alcanzar el objetivo de convertirnos en región? Pues bien, la convención constitucional creó el mecanismo de la “iniciativa popular de norma constitucional”, donde, a través de 15.000 patrocinios vía clave única, se puede demandar dicho reconocimiento de manera colectiva, popular, desde el territorio. Sin duda, el transitar hacia la autonomía regional de Chiloé solo dependerá de nosotras y nosotros. De la astucia soberana con que nos movamos en este proceso histórico.

 Doctor en Ciencia Política. Académico U. Lagos Chiloé. Integrante del Movimiento Archipiélago Soberano.