Chile y la escasez hídrica: un conflicto sin resolver

A días de que se conmemora el Día Mundial del Agua, surge preocupación y alerta por el panorama que vive el país ante una crisis de escasez hídrica que está afectando a 76 comunas a lo largo de Chile. Al respecto, Víctor Bahamondes de Modatima comentó que «proponemos modificar la Constitución Política en lo que tiene que ver con el derecho humano del agua».

No solo es responsable el cambio climático, si no que el modelo económico de privatización establecido en la Constitución de Chile el que produce la explotación indiscriminada de los recursos hídricos en favor del sector agropecuario y la gran industria en general, dejando sin beber agua potable a cientos de personas en el país. Una realidad que evidencia un conflicto sin resolver, que se ha venido arrastrando desde 1981 cuando se crea el Código de Aguas en la dictadura cívico militar.

El vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), Víctor Bahamonde, conversó con Radio JGM en el contexto del conversatorio a los alumnos del seminario de Investigación y Medio Ambiente que realiza la profesora Karla Palma. En la entrevista fue enfático en dar cuenta del grave problema que afecta a gran parte de las comunidades en Chile, que en cifras de Modatima representan 120 conflictos medioambientales y 1200 organizaciones en disputa.  Su preocupación está en crear conciencia de que el agua es un bien vital para la vida y que acceder a éste es un derecho humano.

¿Cómo se originó la escasez hídrica en el país?

El problema hídrico se viene arrastrando desde que la Dictadura asumió un modelo de despojo de los recursos y bienes nacionales, para poder generar un modelo basado fundamentalmente en la exportación, es decir lo que nosotros llamamos extractivismo. Cuando se inicia un proceso de explotación extensiva de los recursos o bienes comunes se cambian los usos de suelo, las vocaciones económicas de los territorios y empieza a conflictuarse sobre la disponibilidad de los recursos hídricos en ciertos lugares. Esto va acompañado de una estructura legal que se consolidó en 1981 con el Código de Aguas, donde el modelo legal y administrativo que asume Chile, buscaba profundizar el lucro con los recursos hídricos. Por lo tanto, hay un modelo económico que aspira a la concentración del agua y a la usurpación de ésta a las comunidades, pero por otra parte hay una legalidad establecida en el Código de Aguas y en la Constitución Política, que promueve el negocio con las aguas en Chile. Hoy llegamos a un punto crítico.

Se tramita desde 2011 el proyecto de ley que pretende modificar el Código de Aguas de 1981, pero pareciera que no hay una voluntad real de cambiar esta situación. ¿Cómo lidiar con  el despojo y abandono?

Los gobiernos que hemos tenido post dictaduras han tenido el consenso social y político de no enfrentamiento entre partidos al terminar el periodo, lo que llaman “el pacto de la administración”, para poderle dar estabilidad al país. Esto se ha confundido con la usurpación sin importar que la ciudadanía carezca de derechos y bienes comunes. Sin embargo, si bien hay sectores con ganas de cambiar esta situación, hay poca capacidad política de poder hacerlo. Además, hay un modelo constituyente de Chile que hace que el Estado gire en torno a perpetuar esta usurpación de los derechos humanos, lo que nosotros le llamamos “los enclaves de la Dictadura”, que hace difícil cambiar el sistema estatal.

¿Cómo evalúan el trabajo del Estado al enfrentar esta problemática?

Evidentemente el Estado no solo tiene una deuda, si no que ha ayudado a que esto se profundice. No se ha encargado del conflicto que vivimos con las aguas y su distribución, además de que no es reconocida como un derecho, y de que no es entregado a las comunidades por sobre los proyectos industriales. Refleja que ha mantenido las políticas post dictaduras. Incluso, ha ayudado a que las comunidades sean despojadas a partir de proyectos industriales en cada uno de sus territorios asegurando la certeza jurídica de que estos derechos otorgados en Dictadura como después,  se sigan consagrando. Hasta ahora las reformas al Código de Aguas son bastante superficiales y buscan ordenar lo que queda de agua por entregar, que es solo un 10%, porque el 90% está manos de privado.

¿Qué significa esta escasez hídrica para las 76 comunas del país, y en qué los daña en lo cotidiano?

En lo cotidiano significa que la gente está siendo abastecida de agua en muchas zonas rurales, eso hace depender absolutamente de la disponibilidad que hay para comprar agua y las veces que pasa a la semana el camión. Significa que la gente deja de hacer las cosas que hacía antes, por ejemplo, no se pueden bañar todos los días, tiene que defecar en bolsas plásticas o hay niños que no han conocido los ríos. Además, las personas se acostumbraron a la cultura de tomar bidones de agua para poder tomar decentemente. Frente a este problema, existe un modelo poco conflictuado que son las sanitarias, ya que se ha normalizado el conocimiento que el agua de la llave no es de buena calidad. Eso significa más gasto.

¿Cuál es el mensaje que entrega el gobierno actual al fijar la última indicación sustitutiva que establece como indefinido los derechos del agua?

El gobierno dice lo que todos esperábamos que dijera. Les entregó certeza jurídica a los que ya tienen derechos del agua y eso significa que aquellas personas que concentran el agua no se preocupen, porque no se les quitará el derecho, sino que se preocuparán por lo que viene por otorgar. Busca cambiar, respecto a la modificación planteada por el gobierno de Michelle Bachelet, solo el rango de tiempo, de 30 años pasamos a indefinido. Eso no toca el problema de fondo ni el modelo de concentración de derechos del agua.

¿Qué proponen como organización para dialogar con el Congreso?

Como Modatima proponemos modificar la Constitución Política en lo que tiene que ver con el derecho humano del agua; reformar el Código de Agua, y reemplazarlo por uno nuevo que considere el agua un Derecho Humano y un bien público; expropiar con un modelo distinto al que existe de los bienes comunes, donde haya un modelo de distribución que priorice el consumo humano que el industrial. Aunque fundamentalmente nuestra estrategia política es la enseñanza parlamentaria. Trabajamos con parlamentarios que tienen visiones similares, así nos acercamos a tener voz en el Congreso para visibilizar la problemática.

 ¿Cómo puede ayudar la sociedad civil en la crisis de escasez hídrica?

Nosotros aspiramos a que exista una organización popular que logre no solamente visibilizar si no que proponga algo alternativo y sobre todo, fiscalizar a quienes hoy día toman las decisiones. Hay parlamentarios que favorecen a que permanezca el modelo establecido, a pesar de que ocurre conflictos hídricos en los territorios que representan. Además, los medios de comunicación se dedican a tergiversar la lucha por el agua, incluso intentan generar conflictos entre distintas organizaciones sociales desviando el tema central.