Crónica: Castillo y la UC ocultaron magnicidio

Escrito por el agosto 31, 2018

A la espera del fallo del juez a cargo de investigar el asesinato de Frei Montalva, el Gobierno ha evitado asumir la responsabilidad ética que tuvo su subsecretario Luis Castillo. Mientras tanto, el trabajo legislativo en las comisiones de salud del Congreso se mantiene paralizado por la decisión de la oposición de no trabajar con encubridores.

El 22 de enero de 1982 dejó de latir el corazón del presidente Eduardo Frei Montalva, quien, bajo la consigna “revolución en libertad”, chilenizó el cobre, hizo las primeras grandes transformaciones de la reforma agraria y fue uno de los principales opositores durante los primeros años de la segunda mitad de la dictadura cívico-militar. Hoy, ya han pasado 36 años de uno de los hechos más lamentables de la historia de nuestro país y cada día se engrosa la lista de encubridores del fatal caso que lleva tres lustros de investigación.

El Ejército y su pasividad ante el caso, ya en democracia, fueron los primeros apuntados, pero esto es sorpresa de pocos, ya que la indolencia de las fuerzas armadas es pan de cada día en nuestro país. Las nuevas figuras que ante la luz pública están demostrando su complicidad con la violación de los derechos humanos y asesinatos son altos cargos del Gobierno, específicamente el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, y su jefe, el presidente Sebastián Piñera, quien, al no destituir a su subordinado, lentamente se transforma en lo que el mismo criticó, un cómplice pasivo más.

Crimen de un ex presidente

El rol del presidente Eduardo Frei Montalva durante la dictadura, si bien tuvo distintos matices, desde la creación de la Constitución de 1980 marcó un antes y un después respecto a la validación del régimen ante la opinión pública.

Como la mayor parte de la Democracia Cristiana, durante los primeros años de la dictadura Frei se manifestó a favor del golpe de estado. Una carta enviada al presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana, Mariano Rumor, da cuenta de esto: “A nuestro juicio la responsabilidad íntegra de esta situación -y lo decimos sin eufemismo alguno- corresponde al régimen de la Unidad Popular instaurado en el país”, expresó en 1974. Pese a esto, la opinión mayoritaria desde la Falange siempre fue que la intervención armada del Ejército solo se justificó en la medida en que sirvió para “frenar una inminente guerra civil en el país” y lo correcto era hacer una rápida transición hacia la democracia.

Llegado 1980, Frei ya había comprendido cabalmente que los intereses de la dictadura eran, efectivamente, los propios de una dictadura. Así, se convirtió en uno de los principales opositores al régimen en el marco de la redacción y aprobación de la actual constitución de Chile. Uno de los momentos más recordados es el “caupolicanazo”, donde a pocos días de la “votación” para aprobar una nueva carta magna, el líder democratacristiano rechazó el proceso y clamó en el Teatro Caupolicán para que Chile retomara una “democracia debidamente renovada”.

Poco más de un año después de este discurso el ex presidente se sometió a una intervención quirúrgica que iniciaría la cuenta regresiva de uno de los episodios más siniestros de la historia de nuestro país. Durante diciembre de 1981 Frei Montalva se internó para extirparse una hernia en la clínica Santa María, donde tras cuatro intervenciones quirúrgicas terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro.

La tarde del 22 de enero el ex presidente falleció. El motivo que se informó fue un “shock séptico” provocada por una infección bacteriana. Un cuarto de siglo después el juez en visita Alejandro Madrid reveló, tras quince años de investigación, que las causas reales fueron inyecciones de mostaza sulfúrica y sarín. El presidente fue asesinado. “Fue un plan diseñado desde La Moneda con la autorización del general Pinochet, donde se autorizó la llegada de elementos químicos desde el laboratorio bactereológico a la DINA y después a la DINE”, afirmó este año en una de las audiencias en el marco de la investigación el hijo de Frei Montalva y ex mandatario, Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Recién el año 2000 la hija de Eduardo Frei Montalva, la ex senadora Carmén Frei, manifestó públicamente en el Congreso las sospechas de que su padre fue asesinado. Dos años después iniciaría el extenso proceso judicial que hoy tiene imputadas por delito de homicidio a seis personas: en calidad de autores el doctor, Patricio Silva Garín, el chofer de la familia Frei e informante de la CNI, Luis Becerra, y el ex agente de la DINA, Raúl Lillo; en calidad de cómplice el doctor Pedro Valdivia; y en calidad de encubridores, los médicos Helmar Rosenberg y Sergio González.

Castillo y la PUC

El juez Madrid, como corresponde al antiguo sistema judicial, es el encargado de recopilar las pruebas y decretar una sentencia. Tras la comprobación del asesinato de Eduardo Frei Montalva las investigaciones se han volcado en probar la culpabilidad de los acusados, pero nuevas figuras y responsabilidades han salido a la luz pública en este proceso.   

“Aquí hubo entrega de información parcial y, lo más importante en términos políticos, no hubo colaboración con la justicia”, indica Jorge Frei en una manifestación a las afueras de la Clínica Santa María. El motivo de la instancia es el rol protagónico que ha tenido en la difícil indagación del caso el recientemente designado subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien fue director médico del Hospital Clínico de la Universidad Católica entre 2000 y 2008, años en que se iniciaron las investigaciones.

Si bien el Gobierno ha confundido a la opinión pública argumentando que los cuestionamientos al nombramiento de Castillo por sus responsabilidades en el caso Frei Montalva son infundados porque era estudiante cuando ocurrió el asesinato, gran parte de la responsabilidad de que el caso se haya mantenido tanto tiempo sin resultados recae en él, al no entregar quizás el más importante antecedente de la investigación: el informe de autopsia del ex mandatario.

La extensa carpeta investigativa ha develado macabros hechos de la necropsia y demuestra el oscuro rol que en el magnicidio cumplió la Universidad Católica, casa de estudio en la que en 1932 Frei Montalva obtuvo su título de abogado. Pocas horas después del fallecimiento del ex mandatario, a espalda de los familiares, los doctores del Hospital Clínico de la PUC, Sergio González y Helmar Rosemberg, ingresaron fácilmente a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Santa María y colgaron el cuerpo de Frei de una escalera, que la misma Carmen Frei declaró ver más tarde en el baño de la pieza, para proceder a realizar una autopsia clandestina inundando el cadáver de formalina y posteriormente vaciándolo órgano tras órgano. El objetivo era no dejar evidencia del cruel hecho que en esa misma habitación se había ejecutado durante los últimos días.

Este intento de borrar de la historia este acontecimiento dejó como única evidencia un cuerpo alterado que años de avances científicos se encargarían de encontrarlo con la verdad, un informe secreto guardado en los expedientes de la Universidad Católica y una cadena de encubridores. Aquí es donde entra en el juego Luis Castillo, quien se vio como la principal autoridad médica del centro de salud al que pertenecían los doctores que actualmente son acusados de encubridores.

Según las audiencias y entrevistas el subsecretario tuvo información de los informes una vez que Carmen Frei puso en la agenda pública las sospechas de asesinato de su padre y el doctor Sergio González se comunicó con él para ver qué hacer con el tema. Ante esto Castillo tomó la ocurrente decisión de ocultar los cruciales documentos, a menos que la familia o la justicia los solicitaran, lo que era difícil ya que nadie más sabía de ellos. Tuvieron que pasar dos años para que una fuente secreta notificara de la existencia de los informes al abogado de Carmen Frei. La hija del mandatario no esperó para solicitar al hospital clínico los papeles, quienes entregaron tan solo las fotocopias de ocho páginas. Al año siguiente un allanamiento tuvo que demostrar que la Universidad Católica, con Castillo a la cabeza de su centro médico, ocultaron la mayor parte de los antecedentes que tenían.

El rol que cumplió Castillo es el que ha llevado a la Democracia Cristiana, y consigo a toda la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, a no participar de las instancias en que participe el subsecretario de Redes Asistenciales, incluyendo el trabajo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputado y el Senado. Además el Colegio Médico lo llevó a su Tribunal de Ética, iniciando un sumario, y se unió a la DC en su llamado al presidente Piñera para que lo saque de su cargo.

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, se refirió a este tema y dijo que “la mantención de Luis Catillo, pone al poder Ejecutivo en una situación de incumplimiento de las convenciones internacionales sobre Derechos Humanos vigentes en nuestro país”.

El caso a cargo del magistrado Alejandro Madrid se encuentra a pocas semanas de arribar a su fin. Y como si quince años no fueran suficientes, los acusados aún buscan entorpecer el procedimiento y prolongar la búsqueda de la verdad por más tiempo. Lo que se vio claramente en el requerimiento ante el Tribunal Constitucional de la defensa de uno de los acusados y ex médico  de la DINA, Pedro Valdivia, quien solicitó hace pocos días que se paralice la investigación apuntando a una supuesta “pérdida de imparcialidad” del juez a cargo. Mientras que el futuro de Luis Castillo es cada vez más incierto, tomando en cuenta que Madrid anunció a los medios que hay que esperar la sentencia porque pueden aparecer hechos que abran más casusas. Eventual situación que pondría contra las redes al Gobierno que ha puesto el énfasis en que la responsabilidad del subsecretario no se ha judicializado, quitándole la evidente irresponsabilidad ética que significaron sus actos.

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