Caso Caravana de la Muerte: Gobierno responde a Comisión Interamericana de DD.HH. por baja condena a Cheyre

«No tiene competencia», esa fue la respuesta del Gobierno de Chile a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una denuncia presentada debido a las bajas condenas en el caso Caravana de la Muerte otorgadas al ex jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, a quien le dieron 5 años de condena, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva. 

-Belén Flores

Un portazo diplomático fue lo que el Gobierno de Chile, a través de Cancillería, le dio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto frente a la denuncia que se había impuesto por parte de los representantes legales de las familias del caso Caravana de la muerte, la que habría sido interpuesta ante la baja pena judicial a la que fue sentenciado el ex general del ejército Juan Emilio Cheyre, la que consiste en 5 años de libertad vigilada intensiva, lo que significan cero días de cárcel para uno de los principales cómplices de asesinato y tortura en el norte de nuestro país.

Respuesta gubernamental «no tiene competencia»

En la denuncia se manifiesta que el “Estado de Chile no cumplió con su obligación de sancionar de manera adecuada y proporcional” en el caso de Cheyre, a lo que el Gobierno habría respondido que la entidad del CIDH no tiene competencia sobre los hechos ocurridos antes de 1990, entre ellos, los crímenes de la Caravana de la muerte, ya que recién en el año 90 nuestro país habría firmado la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

Esta respuesta gubernamental habría sido enviada a la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, por motivo de una denuncia presentada con anterioridad en la calidad de representación de familiares de 15 prisioneros políticos asesinados el 16 de octubre de 1973 en el Regimiento de Arica, de La Serena, durante el paso de la Caravana de la Muerte, comitiva militar comandada por el general Sergio Antellano Stark.

Ante esta situación, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira comentó lo violento que ha sido para la agrupación la condena de Cheyre, explicando que aunque la denuncia la consideren inadmisible está seguirá su curso, y el Estado va a seguir con la causa del ex comandante en Jefe del Ejército.

«Hay unas cosas mas jurídicas que no entiendo, pero lo que me deja tranquila es que se va a seguir la denuncia, se va a seguir con Cheyre porque además he estado conversando con familiares directos. Esto es un precedente nefasto, nuevamente que se tenga que apelar a la Corte Interamericana para cuando se nos niega la justicia acá, en el caso que fue condenado el Estado el año pasado, el caso Vega, hay varios, o el 2006 en el caso Arellano de Rancagua, no habla bien de una democracia cuando siempre se está apelando a la Corte Interamericana por denegación de justicia».

La Corte Suprema y la «media prescripción»

Debemos tener en cuenta, además, que hace seis meses, el Gobierno respondió después de que la CIDH tomará una decisión: que el Estado de Chile le pidiera a la Corte Suprema anular 14 sentencias, esto en consecuencia de que en este tipo de casos, la Corte Suprema usó una regla llamada “media prescripción” para reducir las penas de 50 personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la CIDH había dicho con anterioridad que esa regla no se puede aplicar en casos de crímenes de lesa humanidad, confirmando más tarde esa posición en su fallo.

En el fallo mencionado, la Corte IDH se pronuncia sobre la actuación de la justicia chilena después de firmada la Convención Americana de Derechos Humanos, aunque estos procesos se iniciaron por crímenes cometidos antes de 1990. En resumen, el dictamen de la Corte estableció que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Por esa razón indicó el fallo, los autores de esos ilícitos no pueden ser beneficiados con rebajas de pena, como lo es la media prescripción, mecanismo que se aplica a condenados por delitos comunes que son llevados a la justicia cuando ya ha corrido más de la mitad del tiempo para la prescripción de ese ilícito.

Sin embargo, en una nota publicada por CIPER, la respuesta por parte del Poder Ejecutivo a la denuncia es el primer paso en un proceso que podría llegar a demorar más de diez años, según los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). La denuncia contra el Estado fue introducida en agosto de 2024, ocasión en que la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, comunicó por escrito que empezaría el estudio de los antecedentes expuestos por las víctimas y sus representantes.

En sí, lo que los abogados piden en su denuncia, es respecto a las sanciones para los crímenes de lesa humanidad, que deben respetar los estándares internacionales, no los actos en sí, sino la pena establecida para Cheyre. En la misma presentación de la denuncia, los abogados destacaron que Cheyre es el único de los nueve condenados que no debe cumplir con su pena en prisión.

Otras prioridades en la agenda gubernamental

La abogada y subsecretaria de Derechos Humanos del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, se refirió a los desafíos que tiene actualmente el gobierno frente a las temáticas de memoria, dejándonos saber que a pesar de querer avanzar en estos temas, existen otras prioridades dentro de la agenda de la Comisión de Constitución del Senado.

«Tenemos algunos proyectos con urgencia desde hace mucho tiempo, como la Ley de Amnistía, como el levantamiento parcial de secreto Valech, para que esa información pueda servir para el plan de  búsqueda, como la tipificación de la desaparición forzada, que hoy día está reconocido como crimen de lesa humanidad en nuestro ordenamiento, pero no es un delito que hoy día se pueda perpetrar en contextos de orden institucional, y eso ha pasado en nuestro país, han ocurrido situaciones de desaparición forzada con nombre y apellido, pero nuestro ordenamiento ni siquiera tiene la capacidad de reconocer penalmente como el crimen que es. Esos son tres proyectos de ley que están con urgencia desde hace mucho tiempo, están en la Comisión de Constitución del Senado, que tiene toda la agenda de seguridad, y que ha sido muy difícil ponerle un … para poder avanzar».

Cabe recalcar, que la información es de un carácter reciente, encontrándose en un proceso de revisión por parte de la Corte y la Cancillería. Sin embargo, esperamos que esta denuncia a comisiones internacionales no arriesgue un tiempo largo de resolución, para cuyas familias, creemos, ya han esperado lo suficiente por la justicia.

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