El pasado 6 de agosto se cumplieron 200 años desde la fundación de Bolivia. Un país con dos siglos de historia, pero que bajo las celebraciones por el bicentenario esconde profundas problemáticas socioambientales. 

El país posee una serie de normativas a favor del medio ambiente, tales como la Ley Madre Tierra, que reconoce los derechos de la naturaleza (aprobada en 2010) o la Ley del Medio Ambiente, que establece un marco legal para la gestión ambiental en el país (aprobada en 1992). Asimismo, en 2009, tras un referéndum constitucional, Bolivia se proclamó como un Estado Plurinacional, reconociendo jurídicamente a las diversas naciones que son parte del Estado. Sin embargo, esta regulación no ha evitado que los pueblos indígenas que habitan el territorio denominado Bolivia sufran diversas consecuencias negativas que afectan sus derechos y modos de vida.

Para Sulma Canaviri, quien trabaja en la institución Colectivo de Coordinación de Acciones Socioambientales (CASA) de Bolivia, el país enfrenta una serie de problemas de contaminación que han derivado en una violencia medioambiental crónica. Entre las principales causas señala la minería ilegal, la deforestación y los incendios que arrasan con extensas áreas de bosque.

De acuerdo con Canaviri, “son afectaciones no solo a los bosques sino, que a los ecosistemas y a los pueblos indígenas que en ellos habitan, y que arrastran con daños de salud y daños emocionales. El cambio climático con sequías prolongadas, inundaciones, heladas y compromisos ambientales que asumen los estados desconociendo la realidad de las comunidades y manteniendo el modelo de despojo capitalista, extractivista y patriarcal”. 

En este sentido, Canaviri señaló que si bien existen leyes y normativas orientadas a la protección medioambiental, enfrentan una serie de falencias que perjudican su correcta aplicación. “Por muchas o muy buenas que sean las leyes, si no se ajustan a la realidad, no son efectivas. Además, desde nuestra perspectiva las leyes tienen una letra chica. Por un lado prohíben la contaminación y por otro lado la abre. Es decir, existen contrariedades de acuerdo a la conveniencia e interpretación.”, puntualizó.

Minería ilegal en Bolivia

La extracción minera ha sido una de las principales actividades económicas del país desde que se consolidó como República. En el país existe un sistema de cooperativas, se trata de pequeñas empresas sin fines de lucro que trabajan de manera colectiva para extraer minerales. 

De acuerdo con el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta, actualmente en Bolivia existen cerca de 2.100 cooperativas y de éstas, más del 60 % no tiene todos los trámites para operar en regla. 

El uso del mercurio y otros compuestos químicos generan problemas de contaminación de aguas y suelos, lo que repercute directamente en las comunidades aledañas. Por esto, diferentes organizaciones indígenas han denunciado la constante vulneración medioambiental que viven. Sin embargo, actuar frente a estos impactos no siempre es sencillo, debido a las múltiples obstáculos que enfrentan las comunidades. 

Un estudio elaborado por el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) reveló que entre enero y abril de 2025 ocurrieron 14 casos de violaciones a los derechos de los defensores. De estos, el 79 % están vinculados a pueblos indígenas y comunidades campesinas. Además, nueve de estos 14 casos se dieron en el interior de áreas protegidas.

Para Guido Alfaro, presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, la legislación ambiental boliviana no evita que las comunidades sufran daños. “La minería ilegal se ha transformado en una situación catástrofe para el medioambiente. El mercurio lo botan al río y nuestros hermanos indígenas beben y comen de ese río. Por eso tenemos esa situación de intromisión de la minería ilegal y del mercurio”, acuso. 

Mientras el mercurio sigue fluyendo por los ríos y los defensores del territorio enfrentan amenazas, la respuesta estatal continúa siendo débil. La extracción minera tiene una importancia relevante para la economía del país, pero también representa un alto costo para las comunidades, quienes no siempre tienen voz ni protección.

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