Beatriz Bataszew: La violencia política sexual no tiene valor para la justicia heteronormativa y patriarcal

Durante la revuelta social más de 200 personas, particularmente mujeres y disidencias sexuales, fueron víctimas de violencia política sexual ejercida por las fuerzas represivas del Estado. Práctica sistemática y transversal del control de los cuerpos a través de la agresión sexual que se ha llevado a cabo desde la dictadura. “En Chile ninguno de los criminales de lesa humanidad fue condenada por violación o abuso, todos los crímenes sexuales como tales están absolutamente impunes”, afirmó Beatriz Bataszew, integrante de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, en conversación con Radio JGM.

 

“Nos llevaron al cuartel, nos hicieron sacarnos toda la ropa y nos mojaron”, “Nos hicieron desnudarnos y hacer una sentadilla para verificar que no tuviéramos nada escondido en nuestros genitales”, “Entre dos carabineros me bajaron los pantalones, me bajaron mi ropa interior y me agredieron sexualmente”.

Estos son algunos de los testimonios de mujeres y disidencias sexuales que denunciaron públicamente la violencia sexual por parte de las fuerzas represivas del Estado durante la revuelta social que comenzó el 18 de octubre del 2019.

Según un reporte de la Fiscalía Nacional de enero del 2020, durante las manifestaciones sociales 274 personas fueron víctimas de delitos de connotación sexual. De ellas, 192 sufrieron desnudamientos, 67 son casos de violación o abuso sexual y 15 consisten en amenazas de cometer delitos sexuales en su contra.

La violencia política sexual consiste en la vulneración a la integridad corporal y sexual que va desde abusos y violaciones, hasta tocamientos, desnudos en detenciones, amenazas de violación,  humillaciones fundadas en el sexo u orientación sexual, entre otras formas de violencia ejecutadas por agentes del Estado, que en nuestro país se han llevado a cabo de manera sistemática desde la dictadura militar.

Sobre el tema Radio JGM conversó con Beatriz Bataszew, integrante de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, quien explicó que no sólo hay que hablar de  vulneraciones a los Derechos Humanos a partir de la revuelta social, “tenemos elementos importantes que nos señalan que hubo violación a los Derechos Humanos desde lo que se llamó la transición democrática y ésta tuvo como base fundamental el negacionismo e impunidad”, añadió.

Y agregó que “en nuestro país existieron comisiones de justicia y de verdad, pero nunca lo fueron ¿Qué es lo queremos decir con esto? Es que se instaló la impunidad y esa fue una señal sumamente peligrosa que posibilitó la continuidad de la violación a los Derechos Humanos (…) En Chile ninguno de los criminales de lesa humanidad fue condenada por violación o abuso, todos los crímenes sexuales como tales están absolutamente impunes”.

Durante las manifestaciones sociales 274 personas fueron víctimas de delitos de connotación sexual.

A un año del estallido social ¿Cómo ves el panorama de la revuelta en términos de la violencia política sexual?

Esta violencia está absolutamente subdimensionada, es decir, muchas de las personas que han sido objeto de violencia política sexual a partir de la revuelta social han desistido de hacer o continuar los procesos de querellas. ¿Por qué? porque esta justicia, por lo menos a las mujeres y a las disidencias, no nos garantiza absolutamente nada. Muchas veces se entra en procesos, tal como lo vivimos nosotras, de profunda victimización entonces hay muchas compañeras y compañeres que deciden no seguir adelante sus procesos judiciales. 

También, tenemos que mirar que por la especificidad de esta violencia hay personas que se dan cuenta años después de que la vivieron. Además, tiene un distintivo que es importante considerar, que es el hecho de que hoy los mayores crímenes sexuales se cometen en los traslados, es decir, cuando las personas son tomadas y no necesariamente en lugares fijos, como era el caso nuestro donde existían los centros de tortura. Y mucha gente es soltada después, por tanto, nunca puede decir que estuvo en algún lugar. 

Y en el marco de la justicia que nosotras tenemos que es heteronormativa y patriarcal, eso no tiene valor, como tampoco tuvo valor en los tiempos de la dictadura, que las mujeres en las poblaciones cuando habían allanamientos eran objeto de violencia política sexual. Y esas mujeres nunca calificaron como personas victimizadas por agentes del Estado. 

Por tanto, veo el panorama bastante oscuro y sin salida a corto plazo. Creo que este sistema va a jugar como siempre con algunas propuestas que son muy indecentes, como es la posibilidad  de una convención constitucional, como para decir aquí tienen un cauce institucional para los que no quieren desestabilizar el sistema. Y, por otro lado, tortura, violencia política sexual y represión y más represión. 

Otro componente social fundamental que viene ahora fuertemente, porque este Gobierno trabaja para los empresarios, es la gran precarización de la vida que va a ser ejecutada a  través de las políticas que está tomando este Gobierno.

¿Cuál es el rol que ustedes proyectan como organizaciones feministas asumiendo la impunidad existente? 

Nosotras hemos sido una opción de acompañamiento con las personas que han decidido contactar con nosotras. Sabemos también que este es un proceso lento y difícil. Hemos planteado que desde nuestra experiencia histórica, el encausar esto por la vía judicial puede ser muy complejo, porque, efectivamente, es altamente probable que salvo uno o dos casos emblemáticos pueda pasar algo. De hecho, uno de esos casos es la única situación formalizada en la actualidad. Pero nosotras creemos que esas son opciones personales de las compañeras y compañeres que han sido objeto de este tipo de violencia.

Pensamos que lo fundamental es que si alguien o alguna decide hacer una denuncia o hacer una querella, lo más importante es que lo haga como un acto político de resistencia y de rebeldía no esperando nada de este Estado, porque al final las mujeres y las disidencias sabemos que la justicia nos la tenemos que propiciar entre nosotras y nosotres, al igual que la reparación. 

Lo anterior, tiene que ver también con nuestra postura política, la que no camina mirando la institucionalidad, sino que camina construyendo sus propios criterios de reparación, de justicia y de verdad porque a nosotras en particular, y a los que siguen siendo objeto de violación de Derechos Humanos, la justicia no les dará gran cosa.

¿Por qué? porque en el caso de las mujeres y las disidencias, el control de nuestros cuerpos es estructurante del capitalismo, no es un acto moral. El capitalismo requiere controlar los cuerpos de las mujeres y las disidencias, entonces, cada vez que lo necesite nos ocupará, nos tomará de botín de guerra, hará lo inimaginable con nuestros cuerpos para seguir sosteniendo el sistema capitalista, patriarcal, racista y colonial. 

A partir de lo que veremos de aquí en adelante ¿De qué forma crees tú que debiéramos actuar a partir de acciones políticas desde las calles en busca de justicia? ¿Cuáles son los elementos que se deben relevar para un cambio de paradigma?

Yo no creo que pueda haber un cambio de paradigma al interior de este sistema. Por eso es que en la actualidad muchos sectores estamos reflexionando sobre qué construcción hacemos, cómo enfrentamos esto con una perspectiva de largo plazo para efectivamente construir lo que queremos, es decir, para cambiar las relaciones sociales de producción y reproducción de la vida. 

A mí me parece que esas son las discusiones que hoy nosotras tenemos que llevar y ¿cómo podemos hacer esas construcciones? desde lo común, en los territorios, porque ahí podemos hacer mucho de esto que estamos hablando, o sea, en los propios territorios nos podemos autodefender o nos podemos acompañar o podemos cambiar algunas lógicas de relación. 

Pero no creo que la institución nos vaya a dar ninguna respuesta, esa repuesta tiene que salir de las, los y les precarizades, de las trabajadoras y trabajadores a partir de la democracia directa, no de este cuento que es la democracia representativa, que en realidad, representa los intereses de los grandes capitales de nuestro país.