Desde la Asociación Nacional de Comunicadores y Medios Independientes y Comunitarios ANAMIC apostamos por una ampliación del espectro que efectivamente sea una oportunidad para corregir esta injusticia estructural, no para replicarla. Porque el espectro radioeléctrico es un bien público, finito y estratégico. No pertenece al gobierno de turno, ni a las policías, ni a las empresas, ni a las iglesias. Pertenece a las comunidades y la sociedad completa. 

Fresia Ramírez, presidenta ANAMIC

La ampliación del espectro radioeléctrico entre 76 y 88 MHz —producto de la migración definitiva a la Televisión Digital Terrestre— es una oportunidad histórica, demandada y esperada por diversos actores que en Chile levantan la bandera del Derecho a la Comunicación. 

Una oportunidad para democratizar la radiodifusión con más de cien nuevas frecuencias que podrían redefinir el paisaje comunicacional del país, pero que tras las condiciones en las que se presenta el proyecto de Ley que crea dos radios públicas y amplía el espectro radioeléctrico, nos surge la pregunta inmediata y urgente: ¿para quién se está ampliando realmente este espacio?

Cuando se concentra el espectro no sólo hablamos de frecuencias, sino que pasa algo tan peligroso como que se concentra la palabra. Y cuando eso pasa, desaparecemos las mujeres, las niñeces, los primeros pueblos y las pobladoras. Por eso el debate por una radio pública va más allá de que el Estado administre diales, sino que abra las puertas a todas las voces que componen este largo y diverso país. Trabajo que los medios independientes y comunitarios realizan hace décadas, en múltiples formatos (radio, video, digital, etc) y con o sin permiso.

Ampliación del espectro radioeléctrico ¿para quién?

El proyecto que modifica la ley N° 18.168 General de Telecomunicaciones presentado este jueves 11 de diciembre, abre dos diales públicos y nacionales para la institución de Carabineros y para Televisión Nacional de Chile, y asienta la expansión del espectro. El texto además menciona el fortalecimiento de la radiodifusión comunitaria, mientras que en el articulado del proyecto no se garantiza el acceso efectivo a las nuevas frecuencias liberadas. 

Nos preocupa ya que la experiencia reciente demuestra que, sin voluntad política real y sin mecanismos claros de fomento, las radios comunitarias, que logran acceder a una concesión en un mar de corporaciones religiosas,  quedan confinadas a potencias ínfimas, cubriendo apenas unas manzanas. Y sin la insistencia de las radios comunitarias, estos derechos serían aún menores.

Antes de aprobar una ley que defina las próximas décadas de radiodifusión en Chile, es indispensable abrir un debate amplio, vinculante y territorial. Escuchar a las radios comunitarias, indígenas, escolares, universitarias, migrantes y rurales. Escuchar, en definitiva, a quienes históricamente han quedado fuera del dial y que en este proyecto se siguen quedando fuera. Lo anterior, pese al compromiso que existía desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones SUBTEL de que el remanente del espectro estuviera disponible para las radios comunitarias, además de las migraciones AM, que bien sabemos corresponden a radios comerciales.

Nos alerta que el nuevo artículo 13 A bis crea un sistema de autorización directa, por 25 años renovables, para que TVN, Carabineros de Chile y otros organismos públicos operen servicios de radiodifusión cuando esta actividad sea necesaria para sus funciones legales. Todo esto cuando en Chile no existe institucionalidad que asesore o al menos sirva para definir con criterios colectivos la asignación de concesiones, algo que ha sido sugerido por informes nacionales e internacionales al estado.

Esto representa un cambio significativo respecto al sistema de concesiones que opera para el resto de los actores del espectro y suma otro punto de desigualdad en una añeja Ley de Telecomunicaciones, que estamos muy de acuerdo y disponibles en cambiar. 

De aprobarse, estas instituciones quedarían exentas de competir por frecuencias o someterse a concursos públicos, consolidando un acceso privilegiado y exclusivo al espectro radioeléctrico. 

Mientras tanto, tenemos en nuestras articulaciones de medios independientes y comunitarios, experiencias que llevan décadas solicitando espacio en el espectro para entregar contenidos de calidad, hechos por comunicadores estrechamente relacionados a la comunidad, que han visto cómo estos espacios se les han negado históricamente.

Ampliar el espectro, sí. Pero ampliarlo para todas las voces

Apostamos por una ampliación del espectro que efectivamente sea una oportunidad para corregir esta injusticia estructural, no para replicarla. Porque el espectro radioeléctrico es un bien público, finito y estratégico. No pertenece al gobierno de turno, ni a las policías, ni a las empresas, ni a las iglesias. Pertenece a las comunidades y la sociedad completa.