Alertan sobre indicaciones que recrudecen la Ley Anti Tomas para pueblos indígenas, estudiantes y pobladores

Vuelve al debate la «Ley Anti Tomas» de la mano de un proyecto impulsado por la derecha que está en la recta final de su despacho, tras juntar dos textos que llevan años dormidos en la Cámara. Este sector no sólo ha apresurado su discusión sino que ha propuesto y aprobado indicaciones que van en la línea contraria de las exigencias de pueblos indígenas, pobladores y también estudiantes.

Por Fresia Ramírez

En el corazón de la Toma 17 de mayo, en la periférica comuna de Cerro Navia, se dieron cita distintos actores de la lucha por la vivienda en Chile. Todos movidos por la urgencia de alertar respecto al avance de un proyecto de Ley que, de ser aprobado, traería garantías de desalojos sin orden judicial, penas de cárcel a acciones que antes constituían multa y la criminalización de la toma transitoria como método de presión.

La inminente «Ley Anti Tomas» se trata de uno de los 16 documentos ingresados para penalizar las tomas, de lo que dos lograron aunar acuerdos y ser fusionados. La autoría corresponde en conjunto a las y los senadores Felipe Kast, Carmen Gloria Aravena, Francisco Chahuán, José García Ruminot, Kenneth Pugh y las ex senadoras Marcela Sabat y Ena Von Baer. Un abanico cargado hacia el ala conservadora.

Las organizaciones, en tanto, viven la desconexión de quienes formulan la propuesta y ante ella, se levantan señalando con fuerza que esta se trata de una Ley «represiva que lo que busca es criminalizar las tomas de terreno, las ocupaciones y ofrecer cárcel a las personas que deciden luchar por su derecho a la vivienda por medio de la ocupación de terrenos, propiedades o tierras», cuenta a Radio JGM la abogada Matilde Alvear.

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Al medio del patio donde se realiza semanalmente la Escuela Popular de la toma, que funciona para infancias y adultos, se escucha una voz que estremece. Es Nancy Nikul del Movimiento Mapuche por la Libre Determinación, integrante de Pueblo Organizado y parte de Anda Chile por más de 20 años.

Nancy afirma que el pueblo mapuche sabe mejor que nadie sobre vivir la uruspación de territorios. En ese sentido, hace un llamado también a verlo con una perspectiva decolonial. «La descolonización apunta a todos estos europeos que llegaron con una mano por delante y otra por detrás a apoderarse de los territorios, no solamente en Chile sino en América. Esta gente que llegó sin nada es la que se apropió de nuestro territorio y es la que hoy día está legislando, como Von Baer, como Kast», señala.

Y desde la vereda urbana, la mirada de Rodrigo Ávila del Frente Popular Vivienda Digna, apunta a la criminalización y problematiza la cifra del Plan de Emergencia Habitacional.

«De esos cuatro años ya ha pasado uno y tienen que construir 260 mil vivienda en tres años. No existen los terrenos, los empresarios no los sueltan, los pobladores, como un método efectivo de negociación ejercen la toma como un derecho para poder tener una vida digna. Dignidad en los campamentos. Si se aprueba la Ley Anti Tomas ya no tendrá que construir 260 mil viviendas. Sino que tendrá que construir 600 mil cárceles para todas las familias chilenas que hoy en día están luchando por la vivienda digna», cuestionó ante un silencio atento del público.

Y es que el déficit de vivienda es patente para quienes escuchan y respiran el habitar de las más de 150 familias de la Toma 17 de mayo, que ya lleva cuatro años de lucha, que avanza mientras quienes son dueños del terreno y la policía permanecen aún sin los permisos necesarios para desalojar. Atentos y en silencio.

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Durante la exposición de quienes alertan a todo pulmón sobre quiénes saldrán más afectados de aprobarse la Ley tal como está,  se ven de lejos tres comunidades clave a quienes les afectará: pobladores, estudiantes y pueblos indígenas.

La gravedad del aumento de penas, la legítima defensa y la permanencia de la flagrancia constituyen retrocesos importantes en la Ley chilena para los grupos organizados de vivienda. Para otros es un avance en la eficacia de desalojar un terreno, es castigar a quienes viven en lugares que no son propios o protestan tomándose instituciones. He ahí el contraste.

Por otro lado, la ampliación del periodo de flagrancia es un avance represivo para movimientos indígenas y de pobladores, ya que hoy si han pasado más de 12 horas desde la toma de un inmueble, carabineros no puede desalojar debido a que no hay flagrancia.

Este método es usado a causa de un fallo de la Corte Suprema presentado por el INDH a favor de siete comuneros y comuneras mapuche y de una niña de 3 años pertenecientes al Lof Mallekochem. «Esto le molesta a los ricos y poderosos latifundistas del país, por lo que el proyecto dice que en todo momento que hay ocupación se considerá fraglancia y en todo momento se puede intervenir», comenta a la comunidad Isabel Figueroa, abogada conectada desde Collipulli.

En la voz de la abogada Matilde Alvear, este proyecto además «amplía el periodo de flagrancia. Esto va a permitir el desalojo de las distintas tomas de terreno que existan al promulgarse la Ley». Por otro lado, implementada tal como está, lograría «perfeccionar la persecusión por parte del Estado de las personas que realicen ocupaciones a terreno o propiedades luchando por su derecho a la vivienda o su derecho a recuperar tierras». Otra gravedad para la defensora es el cambio de penas que contiene el proyecto, que constituye un aumento sustancial. «Se cambia la penalidad del delito de usurpación de una multa, que es lo actual, a una pena efectiva de cárcel. Es muy grave».

Pero hay indicaciones que son transversales a estos círculos, y traspasan a más sectores, como al de sindical. Esto ya que las tomas de instituciones de manera transitoria, es decir, sin intención de habitar en el inmueble, serán incluidas en la Ley. «Es muy grave porque va a afectar a estudiantes secundarios, trabajadores u otras organizaciones que se encuentren movilizadas porque afectará también a las tomas transitorias», incluye Figueroa.

La atención se mantendrá en el Congreso, que desde muy lejos y muy arriba decidirá el futuro de las 114 mil familias -según el último Catastro Nacional de Campamentos – que viven en campamentos y tomas.

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