Aborto en Chile: Un derecho con barreras

En 2023, Sofía Ríos (28), Pilar Salinas (35) y Antonia González (21), enfrentaron una realidad que miles de mujeres viven cada día, el obstáculo de acceder a abortos legales en Chile, debido a la objeción de conciencia de los profesionales del Sistema de Público de Salud.

Por Magdalena Echeñique y Josefa Zúñiga

Sofía contaba con una patología que ponía en riesgo su vida, no pudo acceder a este, porque el médico y los anestesistas del lugar eran objetores de conciencia y su derivación a otro centro de salud no ocurrió por falta de recursos. Pilar, quien tenía 13 semanas de embarazo, con un feto que padecía de una alteración estructural genética que hacía incompatible su vida extrauterina, tuvo que recurrir a un aborto clandestino tras ser rechazada por los profesionales de la salud, quienes eran objetores en todas las causales.

Mientras que, Antonia, víctima de violación, no pudo acceder al aborto legal en el plazo permitido por la objeción de conciencia de los médicos. Y ahora viviendo con un embarazo forzado, se preguntó si la tercera causal sólo existía en papel.

Estos son tres casos ficticios que retratan cómo el derecho de las mujeres de acceder a un aborto bajo las tres causales puede ser retardado y posteriormente negado por los profesionales de salud declarados objetores de conciencia. Los casos a pesar de ser ficticios no están alejados de lo que sucede en la realidad del Sistema Público de Salud del país.

En Chile, el derecho al aborto en tres causales (riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal de carácter letal, y violación) está garantizado por la Ley 21.030 promulgada en 2017 durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.

Su principal objetivo es reducir las altas tasas de aborto clandestino y abortos inseguros. Sin embargo, estas disposiciones son incumplidas debido a la falta de fiscalización estatal en su implementación en el Sistema Público de Salud. Esta situación complica el escenario para las mujeres, niñas y personas gestantes, en especial a las que viven en zonas vulnerables.

El dilema de la objeción de conciencia

La objeción de conciencia, reconocida por el Artículo 119 ter. de la Ley 21.030, permite a los médicos cirujanos y el resto del personal requerido para interrumpir el embarazo, abstenerse de realizarlo si va en contra de sus creencias y manifiestan su objeción de conciencia al director del establecimiento de manera previa y escrita.

Esto ha generado que el número de establecimientos de salud públicos que emplean a profesionales declarados objetores, se mantengan en alza y evidencien carencias en la ley. Aunque la ley estipula que los establecimientos de salud tienen la obligación de reasignar a la paciente de manera inmediata a otro profesional o derivarla a otro hospital, para que el procedimiento dictado sea realizado.

Dichas medidas, son criticadas por la falta de fiscalización a los objetores y a sus establecimientos, junto al nulo seguimiento de protocolos asignados por el Ministerio de Salud (Minsal).

En Chile, más del 40% de los obstetras son objetores de conciencia, lo que genera enormes barreras en el acceso a servicios de aborto que ofrece el Estado.

Son hospitales como los de Santa Cruz, en la Región O’Higgins, hospital de Cauquenes y hospital de Constitución, en la Región del Maule, hospital de Victoria, en la Región de La Araucanía y el hospital de Puerto Aysén, en la Región de Aysén, que cuentan con una tasa de 100% de obstetras que se declaran como objetores de conciencia en casos de la Tercera Causal de violación, lo que impide que mujeres puedan acceder a su derecho.

Finalmente, la falta de personal no objetor y la escasa fiscalización de las políticas han dejado a un gran número de mujeres que se encuentran en un estado de vulnerabilidad y desprotección de salud, enfrentarse a barreras institucionales que obstaculizan el derecho al aborto.

Como señala Andrea Álvarez Carimoney, profesora asistente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, quien se ha desempeñado en estudios de salud sexual, reproductiva y de género, el problema es cuando esta objeción de conciencia “no está bien fundamentada y cuando se empieza a convertir en una excusa para obstaculizar el derecho. Porque si una objeción de conciencia estuviera bien realizada no debería convertirse en un obstáculo, ni en una barrera”.

Esta ausencia de regulación no solo vulnera el derecho, sino que sostiene la desigualdad en el acceso a servicios críticos, como lo es el aborto.

El informe Objetores de conciencia en Chile (2023), de Corporación Humanas, evidencia que solo un 39,7% del total de los establecimientos de salud públicos ofrecen la prestación de la Ley de  Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales (IVE).

Además, son los obstetras, quienes conforman el mayor porcentaje de objeción de conciencia con un índice que supera el 40% de objetores desde 2018. Esto genera un panorama preocupante, ya que hay 15 hospitales con un 50% o más de obstetras que se declaran a favor de la objeción de conciencia.

¿La ley se cumple en su totalidad?

A raíz de estos datos, organizaciones feministas defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, junto a grupos de acompañamiento y asesoramiento legal para quienes buscan acceder a la interrupción del embarazo, coinciden en que la ley no se ha cumplido al 100%, por la alta tasa de objetores de conciencia y la escasa capacitación que reciben los funcionarios de la salud.

Esto ha causado que una gran cantidad de mujeres, niñas y personas gestantes sean víctimas de la violencia obstétrica al impedirles el acceso al derecho que la Ley de Aborto en Tres Causales les garantiza. Esto provoca que tomen medidas propias y acudan a métodos clandestinos y a métodos riesgosos para su salud. Contradiciendo el objetivo principal de la ley: reducir el aborto inseguro.

Javiera Canales, directora ejecutiva de la Corporación Miles, una organización que promueve y defiende los derechos sexuales y reproductivos de las personas, comenta sobre la carencia de información y capacitación a los funcionarios: “Los profesionales desconocen la práctica, hay falta de insumos en los servicios públicos, no hay una capacitación estatal importante, rigurosa, para poner los conocimientos que todos estos profesionales aprendieron en el 2017 con una ley que nadie les enseñó también a realizar”.

Canales agrega que debería existir un plazo para la constitución de la causal, ya que han acompañado casos en los que mujeres solicitan el aborto desde la semana 15 y terminan siendo atendidas a las 28 semanas.

Andrea Álvarez Carimoney, también reclama por la falta de difusión de información: “No tenemos ni siquiera una infografía en la página web del ministerio (…) una información detallada para los usuarios y la usuaria no tenemos”, lo que dificulta en mayor medida el acceso, principalmente para mujeres adultas y niñas que enfrentan situaciones de violencia sexual o inviabilidad fetal.

El aborto clandestino

El aborto clandestino sigue siendo una realidad en Chile. Según los datos que maneja el Ejecutivo, este año se estimó que se realizan entre 30 mil y 150 mil abortos clandestinos sin apoyo médico, lo que, según organizaciones feministas, aparte de reflejar el vacío de la ley respecto al correcto funcionamiento de los objetores de conciencia, demuestra la necesidad de una ley que asegure un aborto libre, seguro y accesible para todas.

Javiera Canales, de Miles, sostiene que el problema no es la objeción de conciencia per se, sino el mal entendimiento de esta por parte de los proveedores de salud”, asegurando que “tenemos objetores que realmente no lo son y que actúan por gremio, desconocimiento o para evitar trabajo, lo que priva de un derecho a mujeres y niñas”.

Por su parte, Laura Dragnic, miembro de la Comisión de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem), asegura que “hoy día yo diría que la interrupción voluntaria del embarazo en Chile es solo un derecho a medias, porque hay alguien más que decide por ti, en el sentido de cuáles son los casos justificados para poder abortar”, destacando que “debiésemos avanzar en un derecho completo, no restringido por tres causales”.

¿El aborto es más seguro que parir?

Un estudio realizado en Estados Unidos, publicado por Reuters Health, informa que las
mujeres tienen 14 veces más probabilidades de morir durante o después de un parto normal, que por complicaciones de un aborto. El estudio concluye que la acción de dar a luz es más insegura que someterse a un aborto legal y/o informado.

En el caso de Chile, la mortalidad materna es menor (se producen 18 muertes por cada 100 mil nacidos vivos) de las que el aborto no forma parte de su principal causa. Además, estadísticas demuestran que la mortalidad del aborto seguro es de 0.2 a 2.0 muertes por cada 100 mil abortos, mientras que la del parto es nueve veces mayor.

Unos datos arrojados por la Gaceta de OLA en 2022 coinciden con organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI), o la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), en que el aborto con medicamentos puede darse de manera segura, si se sigue con sus protocolos establecidos.

Con respecto a esto, OLA señala que a pesar de los resultados de estos estudios y otros similares, hay una desinformación promovida por grupos en contra de los derechos reproductivos de las mujeres que se encargan de enfatizar en los peligros de la práctica del aborto, mientras omiten los riesgos del parto.

En este marco, Canales explica la importancia de diferenciar un aborto realizado en condiciones seguras que uno practicado en clandestinidad: “No es lo mismo un aborto clandestino que un aborto inseguro. Hacerlo sin información, en un marco de clandestinidad, sí lo es. No obstante, la mortalidad materna en Chile ha bajado mucho”.

Futuro de la Ley de Aborto en Chile

En su tercera Cuenta Pública, realizada en junio de este año, el Presidente Gabriel Boric anunció que en diciembre del 2024 se presentará un Proyecto de Ley de Aborto Legal a plazos.

Sobre este compromiso, Simona Parahnos, periodista de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa), destaca la relevancia de la iniciativa y expresa que “hay un compromiso por el gobierno para abordar este tema, pero en el momento político en el que nos vemos insertas, es difícil dialogar con todos los sectores”. Sin embargo, agrega que desde Aprofa esperan que en diciembre se dialogue de manera respetuosa y a favor de las mujeres y personas gestantes.

Por su parte, Constanza Camilo, vocera de Incidencia del Área de Género y coordinadora de Vocería de la Fundación Tremendas, y consejera del Ministerio de la Mujer en el Consejo de la Sociedad Civil, enfatiza en las dificultades que enfrenta dicho debate en el ámbito legislativo: “Hay una falla en la aplicación de la ley y la cosa no ha cambiado mucho. Las discusiones han sido súper difíciles de entrar a los congresos, sobre todo por la conformación actual de este”. Ambas declaraciones evidencian los desafíos de la implementación de las
políticas públicas relacionadas con los derechos reproductivos en Chile.

A pesar de las expectativas generadas por el anuncio del Presidente Boric sobre el proyecto de aborto legal, la compleja situación en el Congreso y las diversas dificultades para avanzar con este debate legislativo ponen en cuestionamiento estas iniciativas.

Uno de los principales objetivos que buscan las organizaciones feministas es lograr la garantización de aplicación de una Ley de Educación Sexual Integral obligatoria a nivel nacional.

Según Abofem, implementar una educación sexual integral permitiría no solo prevenir la estigmatización del aborto y asegurar que las mujeres y personas gestantes conozcan sus derechos. Laura Dragnic, de Abofem, expresa que “la educación sexual integral tiene muchas funciones, por ejemplo, en torno a la violencia sexual. Aprender cómo comunicarnos en afectividad y todo eso es muy fundamental para que la gente pueda tener
una vida sexual digna y placentera”​.

En este contexto, la implementación de los programas educativos desde una edad temprana no solo fomentaría un cambio de percepción y un mayor entendimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos, sino que también contribuiría a una transformación en la concepción del aborto. Asimismo, podría generarse un ambiente con mayor apoyo en las decisiones reproductivas de las mujeres.

En tal sentido, la aprobación de la Ley de Aborto en Tres Causales en 2017 representó un importante progreso en materia de los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes. No obstante, esta ley es un recordatorio de que un avance legal no siempre garantiza justicia social, ni un correcto desempeño.

Luego de siete años, los obstáculos de dicha ley siguen limitando el acceso de las mujeres y personas gestantes, quienes se ven desprotegidas del Sistema Público de Salud, al ser expuestas a casos de violencia obstétrica, que afectan su salud mental.

Las modificaciones al reglamento de objeción de conciencia, que presentó el Ministerio de Salud a la Contraloría General de la República, en mayo de este año 2024, son una buena señal para asegurar de alguna forma, el completo funcionamiento de la Ley de Aborto en Tres Causales y eliminar sus barreras, ya que, la objeción no puede continuar vulnerando los derechos de las mujeres, ni la de los propios profesionales de salud. Entre sus cambios se encuentra:

• La mejora en el acceso a información por parte de las pacientes.
• Acotar la opción de ser objetor de conciencia sólo al personal cirujano.
• Y establecer un protocolo único sobre las derivaciones y reasignaciones.

Su efectividad dependerá de un completo compromiso entre el Sistema Público de Salud y el Estado. De este modo, Chile enfrenta el desafío de avanzar hacia una ley de aborto legal, que garantice que esta sea correctamente aplicada, para que todas las personas gestantes puedan ejercer su derecho sin obstáculos.

En este marco, el país se encuentra frente a una disyuntiva ética, política y social que exige soluciones urgentes para que el aborto se convierta en un derecho para todas.

Si necesitas información o ayuda:
– Corporación Miles: Atención Integral Gratuita y acompañamientos en casos de aborto.
– Ministerio de la Mujer y Equidad de Género: En caso de violencia de género. Línea de atención: 1455