Abogado INDH por maltrato en centro Coanil: «Estamos frente a un caso de tortura»

Hasta 5 años y un día de presidio efectivo arriesgan los trabajadores de la residencia Alihuén en Buin, administrada por Coanil, quienes fueron identificados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como los responsables del delito de torturas en contra de tres adolescentes con discapacidad cognitiva.

Los hechos fueron denunciados por el Instituto, después de que el pasado viernes se conociera un video en donde se puede observar a trabajadores del recinto, maltratando a un menor de edad y dos adultos, los cuales estaban amarrados boca abajo a una camilla.

La querella en contra de los trabajadores del recinto de Coanil fue presentada al Tribunal de Familia de Buin.

El abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Fernando Mardones, explicó el detalle del recurso y sostuvo que se trataría de un delito de tortura asociado a contenciones físicas ilegítimas.

El director del recinto Alihuén, Gonzalo Rebarren, fue destituido de sus labores junto con su equipo técnico de 5 personas.

Según la versión oficial de Coanil, los imágenes difundidas carecen de contexto ya que los protocolos que se muestran corresponden a medidas de contención.

Sin embargo, para el abogado del INDH, Fernando Mardones, este argumento no es valido, ya que las medidas de contención aplicadas por los trabajadores del Centro Alihuén fueron por más del tiempo establecido, sin tener los conocimientos específicos para realizarlo.

Para la vocera de la Red de ONGs Infancia y Juventud en Chile, Nury Gajardo, la única forma de evitar que estos hechos se repitan es reformando el marco jurídico actual, de manera de asegurar el respeto y protección de los derechos de los niños en Chile.

Para Gajardo, la Ley de Garantía debe ser el pilar que permita bajar los niveles de violencia que sufren las y los menores que se atienden en recintos como el Centro Alihuén de Buin.

La querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos en contra de los responsables por el delito de tortura está a cargo de la Brigada de DD.HH de la Policía de Investigaciones.

A raíz de estos hechos, la encargada regional del Sename, María José Montero, cuyo servicio se había hecho cargo de la residencia Alihuén una vez conocida la denuncia, anunció el cierre del recinto, iniciándose la reubicación de los niños y adolescentes.