Abofem en alerta tras aprobación de protocolo contra discriminación a la mujer en comisión del Senado

Escrito por el agosto 7, 2019

La directora ejecutiva de la asociación de abogadas feministas, Bárbara Sepúlveda, conversó con la Radio JGM sobre las implicancias que podría tener la limitación de algunos artículos en el protocolo de la ONU contra la discriminación a las mujeres.

Televisión del Senado

Durante la tarde del martes 6 de agosto, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó por unanimidad el protocolo facultativo del Convenio de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la ONU.

Este convenio ha sido ratificado por 189 Estados en el mundo, entre ellos Chile en 1989. En 2001 fue aprobado su protocolo por la Cámara de Diputados y en 18 años no había tenido avances legislativos.

Tras la sesión, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, publicó en su cuenta de Twitter que «el Gobierno ratificará Protocolo CEDAW si el Senado lo aprueba». Sin embargo, «hará una declaración interpretativa respecto de la vida del que está por nacer, de acuerdo a nuestra legislación vigente».

De acuerdo con la intervención realizada por el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, «si el Congreso Nacional aprueba el protocolo facultativo, el Gobierno va a proceder a su ratificación y lo que respecta a los artículos 8 y 9 lo vamos a asumir como tal, limitando solo que no comprenderá situaciones relacionadas con la protección que goza en Chile la vida del que está por nacer«, cuestión que pone en alerta a la asociación de abogadas feministas Abofem.

La directora ejecutiva de Abofem, Bárbara Sepúlveda, si bien considera un avance la aprobación del protocolo, explicó a la Radio JGM que es probable que estas limitaciones se conviertan en una reserva, que son mecanismos de los Estados para no aplicar algunos artículos de convenciones internacionales.

La principal implicancia de esto, según Sepúlveda, es «el impedimento que tendría el Comité de la CEDAW para venir a Chile a hacer una visita inspectiva, donde ellos podrían tener conocimiento de primera fuente de las vulneraciones sistemáticas que se producirían a los derechos de las mujeres en caso de que estas reclamaciones existan».

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La facultad a la que se refiere la abogada está signada, de hecho, en el primer punto del artículo 8 del protocolo: «Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado Parte de los derechos enunciados en la Convención, el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información y, a esos efectos, a presentar observaciones sobre dicha información».

«La visita del Comité CEDAW es un hecho político internacional que, en el caso de las vulneraciones sistemáticas, podría producir el cese de las violaciones de los derechos humanos. Al prohibírsele al comité poder venir presencialmente, si existiera una violación sistemática de derechos, es evidentemente una restricción para las mujeres en el ejercicio legítimo de sus derechos humanos«, alerta Bárbara Sepúlveda.

Es por lo anterior que el llamado de Abofem es a no reservar el artículo 8 por parte del Gobierno ni en el Congreso, sino que se apruebe el protocolo de forma íntegra.

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Sobre la dicotomía que existe entre el protocolo de la CEDAW y la legislación chilena en materia de aborto, la directora ejecutiva de Abofem explica que el Estado no reservar el artículo 8 y aun así realizar una declaración interpretativa respecto de la Ley de Aborto en Tres Causales.

De todas formas, Sepúlveda realiza una crítica a la aplicación de la ley de aborto actualmente: «El problema es que el Gobierno tiene conciencia de que no se está aplicando la Ley. Existe una serie de deficiencias en la aplicación no solo de la ley misma, sino en los centros de salud por parte de los reglamentos y las normas técnicas. El Estado debe hacerse responsable de las leyes que está legislando y promoviendo«.

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«Si hoy hay una ley y no se está cumpliendo, eso podría entenderse como una violación sistemática a los derechos de las mujeres», agrega la abogada feminista.

La tramitación del proyecto continuará en la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado y luego pasa a Sala.

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