A cinco años del Mayo Chilote: Organizaciones exigen justicia ante sobreseimiento de la querella criminal

A cinco años del “Mayo Chilote” la búsqueda de justicia nuevamente se ve entrampada ante la solicitud de la Fiscalía de Valparaíos de sobreseimiento de la querella criminal presentada en 2016. Cuestión que ambientalmente se agrava debido al desconocimiento de los efectos en los ecosistemas marinos a largo plazo.

A principios de mayo de 2016 comenzaron una serie de movilizaciones por parte de la comunidad chilota, a raíz de la marea roja que estaba afectando las costas del archipiélago, que produjo el varamiento de mariscos, y otras especies marinas que comúnmente no son afectadas por estas a floraciones de algas.

Fueron tres semanas de masivas protestas que en la memoria del pueblo se conoce como el “Mayo Chilote”. Al respecto, el vocero de Defendamos Chiloé, Juan Carlos Viveros, explicó que las razones que provocaron la agitación social se debieron a la negligencia y responsabilidad de las autoridades y salmoneras.

«Resulta que no fue solo un fenómeno de marea roja, sino que además había ocurrido los dos meses previos, el crímen más grande de Chiloé donde se le habían muerto a los salmoneros 40 mil toneladas de pez. De esas 40 mil, nueve mil fueron arrojadas en una actitud verdaderamente criminal», enfatizó.

Impunidad

Debido a estos hechos en mayo del mismo año se ingresó una querella criminal interpuesta por daño ambiental y prevaricación en contra de las empresas salmoneras y el Estado de Chile. La cual tras cinco años de investigaciones se encuentra con una solicitud de sobreseimiento por parte de la Fiscalía de Valparaíso que busca cerrar la investigación, según explica la abogada de la querella, Orietta Llauca.

«No se puede volver a ejercer una acción penal en contra de Directamar por prevaricación administrativa, por lo tanto quedaría impune en este caso. Y solamente podríamos perseguir a los funcionarios públicos y a la salmonera con otra querella por delito en el artículo 136 de la Ley de Pesca».

Como Chiloé se encontraba en ese momento en Estado de Emergencia, debido a la marea roja, las acciones aprobadas por los diferentes entes gubernamentales exigían la protección del medioambiente en su totalidad, y el cumplimiento de la Ley.

Sin embargo, lo sucedido, según comenta la abogada, incurre en un delito a la Ley de Pesca, donde se involucra la Direccion General del Territorio Maritimo y de Marina Mercante (Directamar), el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y las salmoneras.

«El seños fiscal dice que no es delito, que los hechos no son constitutivos de delito, pese a que en el mes de noviembre del año 2018 la fiscal Pamela Salgado que llevaba la causa en la región de Los Lagos, estuvo por formalizar porque consideró que los hechos si eran constitutivos de delito».

Entre las salmoneras acusadas se encuentran: Aqua Chile, Aguas Claras S.A, Granja Marina Tornagaleones S.A, Trusal S.A, Productos del Mar Ventisqueros S.A y Australis Mar S.A.

Defensa corporativa

La abogada comentó que hay una suerte de defensa corporativa por parte de los entes gubernamentales, ya que no se explica como todos señalan que hicieron las cosas como corresponden y que no era necesario generar un estudio o un informe para poder realizar el vertimiento.

Dentro de este proceso judicial la abogada alega que apenas conoce el 1% de los mas de 12 tomos que corresponden a la investigación, lo cual según sus propias palabras compete en un acto de obstrucción a la investigación por parte del Fiscal, Claudio Rebeco.

Si bien, según se explica la investigación ha tenido inconvenientes, las razones para seguir buscando justicia, y que este daño ambiental no quede impune son varias. Ante esto las acciones a realizarse, en caso de otorgarse el sobreseimiento definitivo, son claras para la abogada Orietta Llauca.

«El señor de la Directamar otorgó esa autorización pese a que desconocía el componente de la masa que se iba a verter en el mar. Y eso es porque las salmoneras se negaron a hacer un estudio y entregar un informe. Por un lado eso configura el delito de prevaricación de parte del señor de la Directamar y se configura el delito del artículo 136 de la Ley de Pesca».

Daños irreparables

Dentro de la querella de 2016 se aclaran algunas de las consecuencias inmediatas que tuvo el vertimiento de salmones junto con la marea roja, como: la mortandad de aves a orillas o riberas de Chiloé, la muerte de crustáceos, moluscos y sardinas, el varamiento de ballenas, y de medusas en Puerto Montt. 

A esto se suma, la alteración grave de la marea roja debido a que nunca en su historia había causado la muerte de estas especies marinas, lo que era una clara señal de que se había causado una alteración ambiental.

Para el doctor en Oceanografía de la Universidad de California y miembro de la Asociación para la Defensa del Ambiente y la Cultura en Chiloé, Tarcisio Antezana se puede sugerir una asociación entre ambos sucesos, pero para haber tenido una respuesta mas clara era necesario el seguimiento de estructuras y procesos ecosistémicos que se involucraban con la marea roja y el destino del material vertido, cuestión que no se hizo.

Asimismo, explicó que por ejemplo, no hubo mediciones ni seguimiento de cuanta materia orgánica vertida permaneció en superficie,  o cuanta de esta materia se hundió, y comentó que las investigaciones cientifcas en este caso eran fundamentales para la protección del medioambiente ante la megaindustria acuícola.

Sin duda, a cinco años del Mayo Chilote la pelea parece estar lejos de terminar, tanto para condenar a los responsables como para saber los daños ecosistémicos a largo plazo en el mar.