Violencia a disidencias sexuales: La naturaleza como factor de riesgo
Escrito por Angela Pong el abril 29, 2020
El 2° reporte realizado colectivamente por organizaciones LGTBIQ+, sobre la violencia ejercida a disidencias sexuales en contexto de protesta social, busca poner alerta sobre la invisibilización del Estado hacia casos de violencia y muerte a las disidencias sexuales.
Durante el año 2019 se registraron en total 48 agresiones de violencia policial hacia disidencias sexuales, de ellas, 31 casos corresponden a agresiones consignadas entre el 19 de octubre de 2019 y el 11 de marzo del presente año, en el contexto del estallido social. Las cifras son abrumadoras y están detalladas en el segundo Reporte sobre violencia a disidencias sexuales ocurridas en el contexto de represión de la protesta social.
El documento, que fue realizado por agrupaciones como Rompiendo el Silencio, Organizando Trans Diversidades – OTD, Mogaleth, Coordinadora Feminista de Punta Arenas, Feministas Autónomas, Lastres AbisaLes, La Zarzamora. Colectiva de Creación y Difusión Feminista Antiespecista y Abofem; busca sensibilizar a la sociedad civil de la invisibilización y marginalización a las disidencias sexuales por parte del Estado en la violencia y la muerte que sufren permanentemente.
La invisibilización
Desde el comienzo del estallido social las organizaciones LGBTIQ+ notaron el actuar arbitrario de agentes de la policía en contra de las disidencias. Ya que en muchos casos la violencia por parte de los uniformados, fue dirigida a la orientación sexual o a la identidad de género de las víctimas.
La Directora de la Agrupación Rompiendo el Silencio, Erika Montecino, comentó que este tipo de excesos son poco evidenciados por las instituciones, debido al sistema heteronormativo que rige a la sociedad chilena.
«La violencia de los aparatos de la institucionalidad afecta también a las personas de la disidencia porque casi siempre están invisibilizadas en todo lo que es las políticas públicas y sobre todo también cuando hay Estado de emergencia y Estado de represión, no se considera esta variable», indicó.
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Tras una fuerte presión de la organización para evidenciar estos hechos, se pudo entregar el “1° reporte de violencias a disidencias sexuales” a distintos organismos internacionales como el de la ONU Y Amnistía Internacional. En esa entrega los datos recobrados dataron desde el 18 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2019, y contemplaba casos ocurridos durante el Estado de Emergencia de Sebastián Piñera.
La directora de la Comisión LGTBIQ+ de Abofem, Cecilia Ortega, destacó que es muy importante, a través de las cifras del informe, mostrar la situación de la comunidad LGBTIQA+, ya que es el primer paso para un real reconocimiento de las problemáticas que la aquejan.
«Las cifras sobre violencia político sexual nos sirven para muestra de que no somos un número menor en Chile, y que estas cifras están marcadas por denuncias que traen consigo un nivel de discriminación homo – lésbo – transfóbica muy fuerte», precisó.
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«Te voy a meter la luma en el poto»
Relatos crudos y violentos son los que se especifican en el segundo reporte, donde casos como el de un joven gay, que luego de estar en las manifestaciones, fue perseguido y tomado por las fuerzas policiales. Mientras se resistía para entrar a la patrulla, un carabinero le gritó: “Súbete maricón. Te voy a meter la luma por el poto”.
En el furgón, contó que fue acusado por diversos delitos que escapaban de la realidad. Mientras tanto, otro policía le advirtió que “lo haría mierda”, y así otros tipos de amenazas. El joven decidió denunciar a organizaciones de DD.HH la violencia y el abuso ejercidos.
Pero el discurso de odio no fue lo único, la violencia física sobrepasó límites mucho más altos, como en el caso de una pareja gay en Hualpén, VIII región que fueron asfixiados, golpeados y baleados por ser “maricones”. Estos casos están reportados en el segundo informe.
Ortega, añadió que en algunos casos se amedrentó a personas LGTBIQA+ que denunciaron el actuar violento de carabineros.
«Tenemos conocimientos del amedrentamiento que se le ha realizado a las víctimas después de sus denuncias, que todo eso influye además al momento o no de realizar una denuncia. Como Abofem actualmente patrocinamos gratuitamente más de 50 querellas, dentro de esas ocho causas tienen como víctimas lesbianas, trans y no binarios», señaló.
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Discurso y crímenes de odio
En el marco de la legislación chilena vinculada a las disidencias sexuales, uno de los grandes avances fue la conocida Ley Zamudio, que establece medidas en contra de un acto de discriminación arbitrario.
Sin embargo, para la comunidad LGTBIQA+ esta ley presenta debilidades en la práctica. Por ejemplo, piden una “reformulación que objete fallos lesbofóbicos, transfóbicos u homofóbicos; que invierta la carga sobre las pruebas del delito y que admita un carácter preventivo, entre otras mejoras”, como se redacta en el informe.
Según Cecilia Ortega, esta ley no ha sido suficiente, debido a los índices de violencia que aumentan año tras año. También agregó que las faltas de políticas públicas demuestran la deficiencia para actuar frente a estos casos.
«Las variadas deficiencias que esta ley ha demostrado a lo largo de los años de aplicación han generado una desincentivación de iniciar procesos, además la falta de políticas públicas en materia de prevención de discriminación y violencia estos ocho años, es una muestra más de la ley antidiscriminación», aseguró.
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En Chile “el odio” no es un tema precisamente tocado en las normativas jurídicas. Solo en el art.31 de la Ley 1.733, sobre “Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo”, se refiere a que cualquier opinión que incite al odio pasará por un proceso de judicialización para reparar la violencia, pero no insiste en las especificidades de estos discursos.
Esto es una arista importante, ya que los discursos de odio como tal no están penalizados, a pesar de los recurrentes que son en medios de comunicación masivos o en espacios públicos, afectando sobre todo a personas LGTBIQA+, según Ortega.
No obstante, en el congreso descansa la tramitación de un proyecto que pretende legislar la “incitación al odio”. Este fue aprobado por diputados el 2017. Sin embargo, se ha visto tensionado ya que puede limitar la libertad de expresión.
Resistencia ante el miedo
Los hechos cometidos desde el estallido social hacia los cuerpos disidentes, han llevado a que la comunidad LGTBIQ+ se alejen de la institucionalidad, según Cecilia Ortega.
Ya que la salud mental de muchos disidentes sexuales se vio afectada luego de los sucesos ocurridos, posterior a las amenazas recibidas por parte de agentes policiales a víctimas que denunciaron.
Es por eso que además del primer y segundo reporte de las colectividades, se pretende plasmar los delitos de violencia cometidos por carabineros a víctimas LGBTIQA+, que además fueron discriminados por color de piel o su clase social.
Las luchas por visibilizar las demandas de ellos han sido históricas, por lo que este informe busca contribuir además a la memoria de miles de disidentes que han sido discriminados, torturados y asesinados desde dictadura hasta estos tiempos.
Finalmente, la directora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, enfatizó que las personas deben conocer la realidad de las disidencias que han sido silenciadas permanentemente, ya que la marginalidad no puede seguir existiendo.
«Hoy en estos días, en pleno siglo XXI yo creo que ya no se condice, en una sociedad que está cada día tomando más conciencia, y que todavía se marginen las realidades de las disidencias», reflexionó.
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