El pasado primero de mayo se conmemoró el asesinato de la periodista de 30 años de Señal 3 La Victoria. Incidentes como la detención de su padre, aristas no tratadas en el juicio y la ausencia de una legislación que resguarde la integridad de comunicadores mantienen abierto un doloroso capítulo en nuestra historia como democracia.

Por Rafael González

Desde San Alfonso corrían tiros hacia la Alameda. Aquel 1 de mayo de 2022, Chile sufría el primer asesinato de una comunicadora desde el fin de la dictadura. El evento conmemorativo por Francisca de este año, fue interrumpido por un amplio contingente policial. En medio de un forcejeo que carabineros ganó producto del gas pimienta, Pedro Sandoval, padre de Francisca, fue arrestado por una orden de detención emanada en 2018. Frente a este adverso panorama cabe preguntarse. ¿Ha cambiado algo en estos últimos tres años?

3 años sin Francisca Sandoval

LA DOLOSA AGENDA POLICIAL

Allanar el domicilio y el hospital clínico donde se encontraba Karol Cariola a horas de haber dado a luz; allanar el comedor popular Luisa Toledo el mismo día en que se conmemoraban tres años de su muerte; desalojar la toma 17 de mayo un día antes de su aniversario y hoy; arrestar a un padre en la conmemoración del asesinato de su hija.

Estas coincidencias simbólicas configuran un patrón: policías que actúan bajo sus propios intereses. Esto queda demostrado en los montajes de la Operación Huracán, la barbarie del Comando Jungla, los disparos incapacitantes en 2019 o el matonaje y corrupción de los “pulpos verdes” de barrio Meiggs, sector en donde Francisca fue baleada.

Horas después de la detención de Pedro Sandoval, se decretaba su libertad. A las afueras del Centro de Justicia de Santiago, se hizo un punto de prensa en compañía de su abogado, Víctor Pino. Su representante se refirió a la detención y a la controvertida aparición de carabineros:

 

“Mi representado fue abordado por carabineros, quienes lo tomaron detenido bajo la argumentación de que existía una orden de aprehensión vigente emanada por el 7° Tribunal de Garantía de Rancagua. Esta se emanaba a propósito de un control vehicular en el año 2018, en que existía un sobrepaso en los niveles autorizados por la ley de alcohol, hecho por el cual quedó citado y que posteriormente no fue notificado personalmente para una nueva citación al tribunal. A raíz de ello, se emitió una orden de detención por no presentarse al tribunal”.

Declaración de Pedro Sandoval, padre de Francisca Sandoval y de Víctor Pino, abogado de la familia. Afueras del Centro de Justicia de Santiago, Chile.

 

Pino recalca que la orden data desde 2018 y que hasta la fecha no se conocía. Pedro Sandoval fue víctima querellante en el caso de Francisca. Al ser entrevistado por la Policía de Investigaciones y por el Ministerio Público, no saltaron alarmas por su orden de detención vigente. Además, entre la emanación de la orden de detención a la fecha, renovó su licencia de conducir sin contratiempos.

“Creemos que esto se debe a una maniobra de hostigamiento de Carabineros, ya que también el día de la sentencia fue hostigado tanto en el Centro de Justicia como en el trayecto a su casa y posteriormente en el propio domicilio por oficiales y suboficiales de Carabineros. Que aparezca hoy esta orden nos llama poderosamente la atención, y que además sea precisamente en el momento en que se está rindiendo el homenaje. Carabineros ha logrado eludir la responsabilidad en su muerte”.

Sandoval complementó: “En su oportunidad Carabineros me fiscalizó cuando condenaron al asesino de mi hija. Posterior a eso, me persiguieron a mi domicilio argumentando que mi propio auto era robado. Me tuvieron detenido en la conserjería de mi edificio cuarenta minutos haciendo un control de identidad. Tuve que llamar a mi abogado en esa oportunidad, esta gente no me quería dejar en paz pese a que dije en reiteradas ocasiones que fuéramos a ver los papeles de mi vehículo. Ellos solamente me decían que me callara. Si no es persecución, no puedo pensar otra cosa”.

Hoy, la decisión de Carabineros de no actuar frente a los nueve tiradores de San Alfonso durante aproximadamente cuarenta minutos, permanece impune.

PRENSA ALTERNATIVA, PROFESIÓN DE ALTO RIESGO

Quienes han seguido este caso de cerca son sus colegas, en especial integrantes del histórico canal de Pedro Aguirre Cerda, Señal 3 La Victoria. Como Radio JGM, consultamos a algunos de sus miembros: ¿La peligrosidad de hacer comunicación alternativa a pie de calle, sigue siendo la misma que desde hace 3 años?

Benjamín Lillo, director: “La peligrosidad sigue siendo la misma hace harto tiempo. En el caso de Francisca fue una organización ilícita la que operó ese día, pero sabemos que había algún grado de confabulación por lo menos con carabineros. Hoy, utilizan bandas para hacer ataques en contra de las organizaciones sociales, prensa alternativa o quienes busquen algún cambio en este sistema. Podríamos decir que la peligrosidad es más o menos similar, pero con ese perfeccionamiento”.

Marcos Duarte, reportero: “aún es peligroso, considerando el actuar de las fuerzas represoras del Estado. No tienen criterio con la prensa independiente. A integrantes de la señal y otros medios independientes, nos agreden, gasean y detienen sin justificación, pasando por alto la ley de prensa en su artículo primero”.

Gerardo Cortés, camarógrafo: “sigue siendo la misma peligrosidad que antaño o que en la revuelta social. Las fuerzas represivas del Estado siguen teniendo nula consideración con los medios alternativos populares. Nos golpean y detienen. No ha cambiado absolutamente en nada. En cada movilización que se convoca, la prensa alternativa sigue sufriendo los mismos embates por parte de las fuerzas represivas del Estado”.

¿Y EL LEGISLATIVO?

El martes 10 de mayo de 2022, pocos días después del atentado, el Boletín 14964-24 ingresaba a la Cámara de Diputados. La iniciativa inserta en este boletín, regula la protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, y tiene como objetivos:

  1. Implementar y ejecutar los Programas Marco sugeridos por la UNESCO, considerando que existen estudios nacionales e internacionales que han advertido que, en nuestro país, los profesionales y técnicos de las comunicaciones han enfrentado de manera creciente ataques en su integridad física y psíquica.
  2. Establecer en la legislación nacional mecanismos de protección efectivos para los periodistas y profesionales de las comunicaciones, así como también determinar el organismo del Estado responsable que velará por su aplicación, acompañado de autonomía financiera y previsión presupuestaria que asegure la disponibilidad de recursos.
  3. Tipificar de manera precisa las conductas a sancionar como atentados a la libertad de expresión y a la de informar.

Recién en marzo de 2024 el proyecto pasa al Senado. El 6 de mayo de 2025, se acordó que la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutiría el proyecto de ley.

César Baeza, Corresponsal en Chile de Reporteros sin Fronteras (RSF), opina que se requiere de voluntad política y la aprobación de presupuesto para que pueda funcionar un mecanismo de protección asociado a esta ley. De lo contrario, no va a haber posibilidad de que efectivamente se concrete.

RSF publica anualmente su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. El caso chileno es poco alentador, habiendo pasado del puesto 52 en 2024 al 69 en 2025. Baeza señala que es necesario que haya otro tipo de actividad y políticas públicas que apoyen la protección de comunicadores.

Javier García, Director del Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), opina de forma similar, recalcando que si el ejecutivo no compromete gasto público, hablamos de medidas exclusivamente declarativas, al no existir una institución específica para mejorar la protección.

García mencionó la existencia del Protocolo de Protección para Defensores de Derechos Humanos en Chile, el cual utilizan algunos periodistas en casos de amenazas o de acoso. Señala que estos mecanismos no cuentan con financiación específica y que operan de manera reactiva, actuando después de que hayan ocurrido los hechos. No existen mecanismos preventivos o para capacitaciones en temas de seguridad. Concluye con que a tres años del asesinato de Francisca, el avance es mínimo.

PREGUNTAS SIN RESPUESTA

¿Dónde están las armas que se usaron en el atentado?
Si fueron 9 tiradores, ¿por qué no se investigó como una organización ilícita?
¿Cómo se colaron 9 armas en una Alameda completamente acordonada por Carabineros?
¿Por qué, si se sabía que estaban disparando en San Alfonso, Carabineros no actuó durante 40 minutos?
¿Por qué el único carro lanzaaguas que fue a la calle San Alfonso fue detenido por un piquete que dialogó con los agresores?
¿No hay responsabilidad del Estado?
¿Quiénes hirieron de bala a los comunicadores Fabiola Moreno y Roberto Caro?
¿Por qué el gobierno nunca quiso dialogar con Señal 3 y los medios comunitarios?

Todas estas preguntas quedaron inconclusas en el transcurso del juicio, el cual se enfocó en la responsabilidad individual de Marcelo Naranjo, imputado por el homicidio. Las críticas apuntan a la fiscal Tania Sironvalle, quien omitió el ataque organizado a la prensa y la inacción de carabineros. No se persiguió las tesis de homicidio calificado y de asociación ilícita, las cuales hubieran permitido una mayor condena y la ampliación del foco de la investigación, respectivamente.

En mayo de 2024, el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión entrevistó a Adolfo Numi, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs, a raíz del caso de corrupción de Carabineros en barrio Meiggs. Frente a las preguntas del panel, sentenciaba: “Hay muchas situaciones extrañas que ocurren en el barrio, como el porte de armas por parte de soldados de los toldos azules. Ellos actúan en la impunidad, pudiendo disparar a una periodista y matarla. Los carabineros que están detenidos tenían vínculos con estos grupos”.

Benjamín Lillo menciona que les parece extraño y vergonzoso que no se haya explorado esa línea investigativa. Acusa que hay responsabilidades de agentes del Estado y que por ende, debería haber una reparación para la familia: “Nosotros vamos a seguir exigiendo justicia y una investigación real. Ojalá no tengamos que esperar cincuenta años como familias vulneradas en dictadura para conocer la verdad”.

FRANCISCA SANDOVAL, PRESENTE

El proyecto documental “Simplemente Francisca” se encuentra en fase de último montaje para entrar en post-producción, bajo la tutela del camarógrafo Gonzalo Barría y el apoyo de Pichilemu TV. En el, se denuncia el abuso policial en Chile, la represión sistemática contra periodistas y manifestantes, y la impunidad con la que operan las fuerzas de seguridad.

Este 10 de mayo, se celebrará la primera edición de los premios “Francisca Sandoval Astudillo y Luis Polo Lillo”, en el marco del Día de la Prensa Popular y Comunitaria. La Casa de la Cultura de Pedro Aguirre Cerda, acogerá una jornada acompañada de música, premios y memoria.

Tal vez te pueda interesar: 24 años de cárcel para el asesino de Francisca Sandoval

Sigue leyendo en Radio JGM

Fresia Ramírez, periodista: “Es deber de los comunicadores ambientales proteger las voces de quienes defienden la naturaleza»

 

Comentarios

Opiniones

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos obligatorios están marcados con *



[No hay estaciones de radio en la base de datos]