15 Iniciativas Populares de Norma con enfoque en los Derechos Humanos
Escrito por Radio JGM el enero 20, 2022
Hasta el 1 de febrero se pueden apoyar con la clave única hasta siete Iniciativas Populares de Norma por persona. Este es un mecanismo de participación ciudadana para proponer que ciertas ideas sean incorporadas en la nueva Constitución. Las iniciativas deben contar con 15.000 firmas para que sean discutidas por la Convención Constitucional.
Foto: Radio UChile
Para los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil este proceso democrático ha sido una oportunidad de encuentro, conversación y discusión de ideas. Ya hay más de 1.800 iniciativas y varias han alcanzado el patrocinio necesario para ser ingresadas a la Convención. Entre ellas están:
- “Será Ley”, en apoyo al aborto libre.
- «Una Educación Feminista para Chile: Laica, Pública y No Sexista».
- “#NoSonMuebles”, para incorporar a los animales en la Constitución.
- “Nacionalización de las Empresas de la Gran Minería del Cobre, del Litio y del Oro”, que busca que éstas estén en manos del Estado para recibir más recursos y destinarlos a cubrir necesidades sociales.
- “Por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares”, que pretende establecer a “las aguas como bienes comunes naturales inapropiables”
Cannabis a la Constitución Ahora logró las 15 mil firmas en menos de 24 horas.
De todas maneras, hay muchas propuestas que aún no cuentan con las firmas necesarias. Algunas buscan garantizar derechos en materia judicial; otras en derechos sexuales y reproductivos, comunicación, vivienda o educación, entre otros temas. Aquí te contamos qué iniciativas populares de norma con enfoque en derechos humanos aún estás a tiempo de apoyar.
La concentración de los medios atenta contra la pluralidad informativa, afectando también a la opinión pública. Actualmente, los medios comunitarios no reciben financiamiento estatal y están sujetos a múltiples limitaciones legales.
Frente a esta realidad nace la propuesta generada por diferentes medios comunitarios y publicada por el canal de televisión Señal 3 de La Victoria, busca que el Estado asegure el derecho a la información y a la comunicación.
Entre sus principales propuestas destaca la redistribución del espectro radioeléctrico y digital, generando una distribución dividida en partes iguales para cada tipo de medio (comunitario, privado y estatal).
Además, la propuesta busca subsanar históricas luchas de las comunicaciones, como por ejemplo: la prohibición de difusión de discursos de odio; El reconocimiento ante la ley de reporteros y colaboradores de medios comunitarios; La democratización del avisaje estatal, bajo la regla de tres tercios; La democratización de los medios y canales públicos, entre otras.
Desde la plataforma ChileMigra se crea la iniciativa que reconoce el derecho de toda persona a migrar desde y hacia Chile, y el pleno respeto a los Derechos Humanos de las mismas, contemplando además a solicitantes de asilo y refugiados.
La propuesta busca garantizar “la plena inclusión y protección de las personas migrantes y refugiadas, desde un enfoque intercultural y favorecer la reunificación familiar, priorizando en tal sentido a la población infantil y adolescente”.
Mientras que, para aquellos chilenos residentes en el extranjero se pretende asegurar el pleno ejercicio de sus derechos cívicos y políticos, como también facilitar su retorno e integración, contemplando incluso a quienes tienen padres y madres chilenas pero que nacieron fuera del territorio nacional.
Más de 20 organizaciones de la sociedad civil se reunieron para presentar esta iniciativa, que busca incluir y reconocer a las infancias dentro de la nueva Constitución.
A casi 32 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del niño y la niña, la niñez, infancia y adolescencia, en Chile las infancias y adolescencias no tienen reconocimiento constitucional como ciudadanos, ni tampoco un reconocimiento y garantías explícitas de sus derechos en nuestro país.
Con el objetivo de incluir el compromiso de validar la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, la iniciativa propone para los/as nuevos actores sociales:
– Que sus derechos estén expresamente mencionados en la nueva Carta Magna.
– Que haya un reconocimiento explícito como sujetos de derecho.
– Que se aseguren instancias de participación efectiva en el reglamento de la Convención.
– Que se aseguren mecanismos formales que garanticen los derechos establecidos.
– Que se asegure un piso de protección social, de acceso universal a salud, vivienda y educación para NNA y sus familias/cuidadores.
Además, la iniciativa establece que la erradicación de la violencia contra la niñez será declarada un asunto del más alto interés nacional.
La iniciativa nace del esfuerzo colaborativo de más de 20 organizaciones sociales, quienes luego de 2 cabildos masivos con más de 700 participantes, se creó el proyecto que pretende garantizar el derecho a la Vivienda Digna con perspectiva de género.
Los principales puntos de la propuesta son:
– Expropiación de terrenos privados sin uso, para destinarlos a viviendas sociales sin deuda.
– Participación política vinculante de las comunidades en proyectos de vivienda y en cambios a los planes reguladores comunales y regionales.
– Constructora Pública para eliminar a intermediarios privados que lucran con la vivienda.
Esto podría resolver un problema que aqueja hoy a más de 6 millones de personas, lo que se traduce en el 33,5% de la población del país, y donde son las mujeres y disidencias sexo/genéricas, quienes viven principalmente en espacio inseguros.
Luego de 14 encuentros en 4 regiones del país, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres redactó la propuesta que declara que en la nueva Constitución se debe declarar “una vida libre de violencia para mujeres, niñeces, diversidades y disidencias sexo genéricas como un derecho humano”.
Esta iniciativa creada con las voces de más de 40 organizaciones feministas, busca que el Estado pueda crear y determinar mecanismos que promuevan y garanticen en el entramado social e institucional una vida sin violencia, considerando la plurinacionalidad y multiculturalidad del país, siendo co-construida descentralizadamente con las comunidades.
En Chile y el mundo, las labores de cuidados y de trabajo doméstico recaen principalmente en las mujeres, de forma desproporcionada, no remunerada y precarizada. De hecho, del total de personas que realizan labores domésticas y de cuidado, el 97% son mujeres, según el estudio “¿Cuánto aportamos al PIB?” de Comunidad Mujer.
Es por eso que dicha organización de la sociedad civil, junto al Núcleo Constitucional Universidad Alberto Hurtado, propone en esta iniciativa popular de norma reconocer a todas las personas el derecho a los cuidados, acompañado de un sistema que articule sus prestaciones y dé cumplimiento con los deberes de reducción y redistribución de los cuidados bajo una perspectiva interseccional.
También señala que la tarea de cuidado debe ser remunerada, dejando el establecimiento del mecanismo para una futura regulación legal.
En busca de vidas más dignas, esta iniciativa propone que el Estado reconozca a los cuidados como parte fundamental de la vida en sociedad, enfatizando su rol de cuidador de las personas y del medioambiente. Asimismo, que el trabajo de cuidados no remunerado sea reconocido en la regulación de los derechos al trabajo, la salud y la seguridad social, equiparándolo con los trabajos remunerados.
7. Participar, Decidir, Gobernar: Democracia Directa en Chile
Basándose en el modelo suizo, la iniciativa presentada por Democracia Directa en Chile, propone un modelo de Democracia Directa Moderna (DDM), que se basa en tres reglas principales:
– Derecho de la ciudadanía a aceptar/rechazar cambios a la Constitución o firma de Tratados Internacionales (por Referéndum).
– Derecho a iniciativa de llevar a plebiscito el veto de una ley (juntando 100.000 firmas en 100 días desde promulgada la ley por el Congreso).
– Derecho a iniciativa de llevar a plebiscito una nueva ley (juntando 200.000 firmas en 18 meses desde llevada la ley al Servel).
La iniciativa basa su propuesta en la poca representatividad y confianza que existe desde la ciudadanía hacia la clase política, enfatizando en la necesidad de garantizar el efectivo ejercicio de la voluntad soberana de la ciudadanía.
8. Gestión Integrada de Cuencas: Agua y Naturaleza para el Buen Vivir
La megasequía que afecta a gran parte de las regiones de Chile ha generado cambios irreversibles en los ecosistemas. La iniciativa presentada por la Mesa Ciudadana por el Río San Pedro Sin Represas busca subsanar este problema mediante una Gestión Integrada de Cuencas, que consiste en:
– Establecer como unidad mínima para agrupar procesos hidrográficos, sociales, biogeoquímicos y ecológicos a las cuencas hidrográficas.
– El Estado asegurará la gestión integrada de las cuencas hidrográficas, las que serán consideradas unidades funcionales para el ordenamiento y administración del territorio, garantizando la conservación y restauración de los ecosistemas que las conforman, así como la sustentabilidad de las actividades humanas con miras a un buen vivir.
– La ley establecerá la forma en que se materializará la gestión, que siempre deberá realizarse de manera participativa, descentralizada y basándose en el conjunto de conocimientos y saberes disponibles.
– Se establecerá un órgano del Estado encargado de recopilar información de variables socio-ecológicas y monitoreo a largo plazo de las cuencas hidrográficas. A falta de información, deberá prevalecer el principio precautorio.
La crisis climática mundial hace urgente un cambio en la gestión de las cuencas, transformando la perspectiva desde recurso hacia bien natural, en esta propuesta se establece como prioridad el uso del agua para bienestar humano, así como la conservación del uso tradicional y ancestral.
9. Principio de Interseccionalidad en el Sistema de Justicia
El sistema actual de justicia no renoce las diferencias que existen para el acceso del mismo por parte de mujeres, disidencias y diversidades sexo genéricas, personas en situación de discapacidad, etnia o clase, lo que contribuye, según sus creadoras, “a la crisis de legitimidad del Poder Judicial y a la reproducción de relaciones de poder y opresión en la sociedad chilena”.
Desde allí, cinco organizaciones de la región del Bío-Bío, entre ellas la Corporación de Abogadas Feministas (Corafem), levantan la propuesta que tiene como fin reconocer ante los tribunales de justicia los diversos factores de discriminación y opresión que se ve enfrentada una persona al momento de acudir a estos, es decir que, se considere la orientación sexual, el género, la, raza, entre algunas, al momento en que una persona accede al Poder Judicial.
Según sus creadoras del proyecto plantean que el concepto de interseccionalidad, acuñado en 1989 por la abogada afroestadounidense Kimberlé Crenshaw, “se ha convertido en la expresión utilizada para designar la perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder”.
La iniciativa que está disponible desde lunes 17 de enero, cuenta con el apoyo de la convencional Manuela Royo, quien es reconocida por su labor en defensa por presos políticos mapuche y del estallido social, como el emblemático caso de los hermanos Catrilaf en el caso Luchsinger-Mackay.
En una línea similar a la iniciativa popular de norma ya mencionada, la elaborada por la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) tiene como objetivo incluir un mandato transversal de incorporación de perspectiva de género con enfoque interseccional y de derechos humanos en todo órgano que ejerza jurisdicción y que participe de la administración de justicia.
La propuesta se justifica en que la falta de esta perspectiva tiene como efectos, por ejemplo, que las mujeres reciban un trato denigrante o revictimizante por las autoridades del Estado al hacer una denuncia por violencia de género.
De esta manera, se podrían combatir los estereotipos de género y la cultura judicial permeada por el machismo, otorgando justicia sin discriminación.
11.Derecho a ser club y ser hincha
La iniciativa generada desde las Organizaciones de Hinchas de la U, propone que el Estado deba garantizar el derecho al Deporte. Considerando tres áreas principales: el derecho a la práctica deportiva; el derecho a la organización democrática en torno a la práctica deportiva y el derecho a la expresión identitaria como patrimonio de las comunidades deportivas.
Sus propuestas contemplan:
– La autonomía de las entidades deportivas dirigentes y de las asociaciones, estableciendo que el Poder Judicial solo tomará parte cuando las instancias de justicia deportiva se agoten.
– Destinar recursos públicos a la promoción prioritaria de la diversidad igualitaria en el deporte, asegurando la participación de todas las personas en todas las actividades deportivas.
– El tratamiento diferenciado para el deporte profesional y no profesional, estableciendo una estructura administrativa democrática.
Esta propuesta se basa en la visión social del deporte, como un espacio para la práctica y para la reunión y organización ciudadana. Establece entre sus argumentos que el modelo actual de sociedades anónimas corrompen los valores intrínsecos del deporte.
Desde Acción Colectiva por la Educación, realizaron un proceso participativo con más de 7.800 estudiantes, docentes, apoderados y otros agentes del sistema educativo, llamado Tenemos que Hablar de Educación. En esa instancia surgieron diversas propuestas para lograr un sistema educativo que “que entregue reales oportunidades de desarrollo y aprendizaje a todos los niños y niñas del país”, según narra el colectivo.
De ahí surge esta iniciativa popular de norma, que busca que la Constitución garantice el derecho a una educación integral de calidad, equitativa, inclusiva, no discriminatoria, con perspectiva de género, adecuada a sus necesidades y características.
La propuesta define también los fines de la educación, desde lo personal hasta lo colectivo. En esa línea, garantiza la libertad de enseñanza (que permite la existencia de diferentes modelos educativos) y el derecho preferente de las familias de elegir la educación de sus hijos e hijas; todo esto siempre que cumplan con los fines generales de la educación.
La iniciativa de Acción Colectiva por la Educación reconoce el interés superior y autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. En tanto, señala: “El Estado asegurará la obligatoriedad y gratuidad entre el segundo nivel de transición parvularia y la educación media, extendiéndose la gratuidad desde el nivel de sala cuna y, progresivamente, a la educación superior”.
Las personas con discapacidad representan un 16,7% de la población chilena, el 50% se encuentra por debajo de la línea de la pobreza y menos del 50% está económicamente activa. En cuanto a su educación, tienen un promedio de ocho años de estudios y tienden a no terminar la educación media.
El Colectivo Nacional por la Discapacidad propone que la Constitución reconozca a las personas con discapacidad como sujetas y sujetos con derechos a la vida independiente, autonomía y al ejercicio pleno de sus derechos y capacidades.
En esa línea, esta iniciativa de norma busca reconocer también los derechos de accesibilidad universal, educación inclusiva, vivienda digna, al trabajo, derechos lingüísticos, políticos y de participación a través de cuotas, entre otros.
14. El Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva con Enfoque de Género, Feminista, Interseccional y Pluralista
Desde la Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile (Asomat) presentaron esta iniciativa popular de norma, cuyo objetivo es garantizar como derecho fundamental la salud sexual y reproductiva de las personas en la nueva Constitución.
¿Cómo buscan consagrarlo? Una de las medidas en las que se debería avanzar posterior a la garantía constitucional es en la actualización del Código Sanitario para mejorar las normativas en torno a la atención y acompañamiento en esta materia.
También buscan que con la tipificación de la salud sexual y reproductiva como derecho fundamental, luego se reemplace la regulación legal actual por una nueva ley de salud sexual y reproductiva, que cree una nueva institucionalidad con “perspectiva sexo-genérica, feminista, interseccional, pluralista abocada a garantizar y velar por la salud sexual y reproductiva de la población, con especial énfasis en la erradicación de la violencia gineco-obstétrica”, según desarrolla la iniciativa.
En línea con la iniciativa, se pretende que la ley se haga cargo de la desigualdad en el acceso a la salud sexual y reproductiva, y especialmente al parto respetado, al aborto y a métodos de anticoncepción.
Alrededor de 3 millones de chilenos y chilenas no tiene acceso regular a una alimentación saludable, según el último informe de la ONU sobre “el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo» publicado el año 2020.
Este problema se ha agudizado con la actual crisis sanitaria que vive el mundo, lo que se integra a un débil sistema agroalimentario que no contempla la información de cómo se producen, distribuyen y procesan los alimentos que consumimos.
Además, la normativa vigente no contempla el resguardo de pequeños agricultores (que generalmente son mujeres) o cultivos por parte de pueblos originarios, quienes se ven enfrentados a la creciente problemática por el acceso al agua, a tierras cultivables y semillas libres de patentes.
Dado este panorama, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) crea la iniciativa que contempla a la alimentación como un derecho fundamental ligado a la Soberanía Alimentaria la cual integra todos las partes del proceso de agroalimentario, es decir, donde se asegure los cuidados de la naturaleza, a quienes producen el alimento y a quienes que se alimenta de ellos.
Contemplando “mecanismos de participación ciudadana en la definición y fiscalización de políticas y programas de implementación del derecho a la alimentación”, teniendo en cuenta además “la plena libertad de campesinos, campesinas y pueblos originarios para usar, guardar e intercambiar semillas”.
Pingback: